Comienza el juicio contra los nueve guardias civiles del 'caso Roquetas'

En esta primera sesión se interrogará a todos los agentes, a los que se les acusa de los delitos de atentado grave contra la integridad moral, lesiones y homicidio imprudente. A partir del próximo 26 de marzo, declararán los 29 testigos y los 17 peritos. Y las conclusiones se emitirán el 29 del mismo mes, día en que se dará por finalizada la vista.

   En el juicio se podrá ver el vídeo en el que se muestra la llegada de Juan Martínez Galdeano, una vez detenido, a las dependencias del Instituto Armado en Roquetas en la tarde del 24 de julio de 2005. Este DVD fue admitido por el Ministerio Fiscal como prueba de la acusación.

   En dicha grabación se puede ver como el agricultor fallecido aparece a la llegada con una camisa machada de sangre, sin pantalones y forcejeando con una pareja de agentes del Instituto Armado. Una hora más tarde, imágenes grabadas por una segunda cámara recogen otro forcejeo a la salida, tras el cual Juan Martínez Galdeano se desploma y es atendido, hasta 25 minutos después, por una ambulancia.

   Las penas que pide el Ministerio Fiscal ascienden a diez años de prisión para el principal imputado, ya que en el momento del suceso era el Jefe de Puesto, el teniente Rivas, por los delitos de atentado grave contra la integridad moral, lesiones y homicidio imprudente contra Juan Martínez Galdeano.

   Para cada uno de los otros siete guardias civiles, la petición se eleva a dos años y seis meses de prisión por el delito de homicidio imprudente; dos años por atentado grave contra la integridad moral y tres años y seis meses de prisión por un delito de lesiones. Por su parte, la Administración del Estado, como responsable civil subsidiaria, solicita una indemnización para la viuda y el hijo del fallecido, de 95.000 euros.

Testigo desaparecida

   Por otro lado, la Audiencia Provincial de Almería aseguró que una mujer que debería comparecer como testigo se encuentra en paradero desconocido. La testigo, propuesta por la acusación particular y el Ministerio Fiscal, trabajaba de camarera en una confitería ubicada a apenas 100 metros del cuartel donde ocurrieron los hechos.

   La camarera declaró que tuvo "la impresión" de que los guardias civiles "le estaban dando patadas a algo". Y aseguró haber visto como en determinado momento los agentes "se echaban las manos a la cabeza". La testigo, quien no renovó contrato con la confitería en la que trabajaba, aseguró que recibió esos días presiones del entorno de los guardias civiles imputados. Por este motivo, cambió la versión de los hechos y dijo, que vio como el principal imputado usaba la porra eléctrica, y como el resto de agentes le daban a la víctima, que no ofrecía resistencia, varias patadas y puñetazos.

   Ante este testimonio, la defensa ejercida por el letrado, Gustavo Alduán, alegó que entre la confitería  y el cuartel de la Benemérita, existía un muro de separación, así como la visión defectuosa de la testigo que usa gafas y "en ese momento no las llevaba reguladas".