Oria: no hubo falsificación sino un "error administrativo"

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria, atribuye a un "error administrativo" el uso del sistema de certificaciones de obra para el adelanto del pago por los trabajos en el edificio Lagunilla, que acogerá la sede de la Dirección General de Desarrollo Rural y cuyas obras no han comenzado.

   En rueda de prensa, el titular de Ganadería explicó que ha sido la "inercia administrativa" la que ha provocado que se recurriera a un documento "no adecuado" para este trámite que sólo se puede hacer con empresas privadas, según detalló, y defendió que en esta situación el Gobierno es "víctima" del retraso en la concesión de la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Santander.

   Oria subrayó el carácter público de la empresa Tragsa y recordó que funciona de una manera "totalmente diferente" al sector privado en la contratación administrativa. Se trata de una empresa "instrumental" que se considera un "medio propio" del Estado o del Gobierno autonómico y que, de hecho, tiene prohibido presentarse a licitación de concursos públicos.

   A este tipo de empresas públicas se le encomiendan trabajos y se le pueden realizar pagos de una forma ordinaria o de otra, la usada aquí, extraordinaria, mediante anticipos a cuenta en función del ritmo de ejecución y como "excepción a la regla", en un "régimen distinto".

   El Gobierno trató de adelantar el pago debido a que los retrasos en la concesión de la licencia de obra para la sede por parte del Ayuntamiento de Santander ampliaron a 2009 la ejecución de la encomienda del trabajo a Tragsa.

   Entonces, para evitar que no se agotara el crédito presupuestario, se decidió recurrir al pago extraordinario. El consejero explicó que el crédito que no se gasta lo ingresa Hacienda y que esto no hubiera pasado si el Ayuntamiento hubiera concedido la licencia de obra en un plazo "razonable".

El Gobierno es la "víctima"

Por tanto, el titular de Desarrollo Rural, reiteró el requerimiento al Ayuntamiento para que conceda la licencia de obra, tras incidir en que en este caso el Gobierno no es "causa" de la situación, sino "claramente la víctima" y consideró que hay que esperar a que el Ayuntamiento "mueva ficha".

   Oria señaló que su departamento lleva "un año realizando trámites" sin que se le haya concedido la licencia de obra para un edificio que lleva funcionando 19 años "sin inconveniente urbanístico" y sin que el Ayuntamiento pusiera trabas. Al respecto, se refirió a la celebración de cursos de formación en el inmueble, con licencia de apertura, bajo los Gobiernos del Partido Popular.

   Por tanto, Oria rechazó acudir a la Fiscalía, como pedía el PP, salvo para "saludar a quien conozcamos", según ironizó, y mostró su disposición a trasladar información a la oposición sobre este proyecto, ya sea en respuestas parlamentarias o en su propio despacho.

   El uso del formulario de obra ejecutada para el pago en lugar del de anticipo de obra fue una "equivocación", según señaló el secretario general de la Consejería, Alejandro Gallego. El consejero, por su parte, aclaró que no se va a "buscar culpables" sobre quien fue el responsable de la equivocación, y explicó que el citado documento tiene cuatro firmas, entre ellas, la suya.

Edificio Lagunilla

El consejero defendió que este edificio permitirá unificar en un sólo lugar las dependencias de la Dirección General de Desarrollo Rural, ahora distribuidas en dos sedes, por lo que ofrecerá un mejor servicio.

   El inmueble, además, al estar cerca de la sede de la Consejería en el Edificio Europa, "viene muy bien para este asunto", tras insistir en que este departamento del Gobierno es el tercero de la Administración en cuanto al número de efectivos, con más de mil personas.