La Cámara Municipal de Maracaibo, por mayoría de votos de los once concejales partidarios de Rosales, lo autorizó esta semana a separarse del cargo durante 90 días, ya que el primer edil está escondido desde hace varios días tras alegar "persecución política y policial" a raíz de la causa judicial abierta contra él por supuestos delitos de corrupción.
En esa sesión, a la que no asistió Vílchez, la Cámara designó a un alcalde provisional de la capital del estado de Zulia (noroeste) en reemplazo del titular.
Vílchez aseguró que el Tribunal Contencioso y Administrativo de Maracaibo aceptó su impugnación al permiso tras confirmar que contiene "irregularidades", entre ellas que la solicitud no estaba firmada por el interesado.
"En Maracaibo no hay alcalde" y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que un burgomaestre puede ausentarse sin permiso de la Cámara por un máximo de quince días, dijo Vílchez, que afirmó que ese lapso se cumple hoy mismo.
Vílchez agregó que, al conceder el permiso, la Cámara Municipal admitió como justificativo "presunta persecución política y policial", cuando es "público y notorio" que Rosales afronta un proceso judicial por el cual la Fiscalía ha pedido su detención.
La concejala acusó a Rosales y a sus colegas en la Cámara de "pretender utilizar la ley para evadir la Justicia" y aseguró que el Tribunal Administrativo coincidió en ello y anuló el permiso.
La autorización para que Rosales no ejerza como alcalde durante tres meses lo exhortaba a ocuparse exclusivamente de su defensa en el procedimiento abierto contra él por presunto enriquecimiento ilícito.
Rosales debe comparecer el próximo 20 de abril en un tribunal de Caracas para defenderse de la acusación que le imputa la Fiscalía, aunque sus abogados han pedido otra fecha, solicitud que aún está por considerar.
De ser desestimada la petición de la defensa, la jueza que lleva la causa, Reina Morandi, decidirá el mismo día 20 si Rosales afronta el juicio en libertad o encarcelado, una vez que valore la acusación sobre los cargos, castigados con entre tres y diez años de cárcel.
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