Víctimas y verdugos

En la primera página de su magnífica obra ‘Vigilar y Castigar’, Michel Foucault describe con detalle el suplicio al que se somete a Robert-François Damiens en la plaza de la Grève de París el día 28 de marzo de 1757. Damiens es condenado el 2 de marzo de ese mismo año por el intento de asesinato del monarca francés Luis XV. El día de su muerte es torturado con hierros candentes, desmembrado por caballos y quemado vivo. El derecho a castigar se manifiesta entonces con toda su fuerza retributiva sobre el cuerpo de Damiens.

Leído desde el momento actual, el fragmento en el que Foucault relata el tormento de Damiens nos resulta aberrante. Sin embargo, la reciente desclasificación de cuatro memorandos redactados por los asesores legales del Departamento de Justicia durante la presidencia de George W. Bush en los que se da el beneplácito al maltrato de prisioneros en los interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a sospechosos de integrar redes terroristas, vuelve a poner sobre el tapete la cuestión de la tortura y su admisibilidad tanto legal como moral.

No es la primera vez que este asunto sale a la luz. En los años que han seguido a los atentados del 11 de septiembre de 2001 los casos de violencia y tortura de soldados estadounidenses contra prisioneros afganos e iraquíes en la Guerra contra el Terror de Bush han sido sonados. En general estos episodios de tortura han sido acogidos con repugnancia y espanto. Bagram o Abu Ghraib son nombres que quedan ya en la historia de la infamia y que, como el presidente Barack Obama ha afirmado, han erosionado la autoridad moral de Washington a lo largo y ancho del globo.

Aún así, el hecho de que existiera, efectivamente, un documento de carácter jurídico elaborado por abogados de reconocido prestigio – John Yoo, Jay Bybee y Steven Bradbury –  que hacía de los malos tratos a prisioneros un instrumento legítimo en la lucha contra el terrorismo resulta especialmente significativo. Que la tortura se practica en el mundo es, por desgracia, un hecho. Pero son precisamente las normas que proscriben las prácticas violentas contra los prisioneros las que hacen que los verdugos tengan que esconderse y, eventualmente, huir. Si ignoramos la garantía que suponen instrumentos jurídicos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, de la que Estados Unidos es miembro, o la Constitución Americana, que en su octava enmienda prohíbe los castigos crueles o inusuales, eliminamos los límites que se le imponen al poder sancionador y coercitivo del Estado frente al individuo.

Desde una perspectiva legal, por tanto, los informes del Departamento de Justicia revelados ahora son manifiestamente antijurídicos porque contravienen textos fundamentales, tanto internacionales como domésticos en Estados Unidos, que prohíben la tortura y que no han sido previamente denunciados o modificados en forma por Washington.

Pero, ¿qué ocurre desde el punto de vista moral? Resulta preocupante la deriva que ha seguido la lucha contra el terrorismo después del 11 de septiembre de 2001. Es cierto que ante ataques tan atroces la reacción debe ser firme. También lo es que en situaciones de desconcierto y terror la tentación de recurrir a la retribución absoluta es grande. Hasta el suplicio de Damiens que relata Foucault aparece entonces como una posibilidad legítima, una venganza justa. Pero no nos engañemos, no hay venganzas justas. Resulta especialmente preocupante que juristas e intelectuales de la talla del estadounidense Alan Dershowitz o del británico John Gray, con gran influencia sobre las élites políticas de sus países, defiendan la institucionalización de la tortura como instrumento judicial para garantizar la seguridad de los ciudadanos, algo que Gray desarrolla en su obra de 2004 ‘Herejías: Contra el Progreso y otras Ilusiones’. El británico defiende en sus páginas la primacía de la seguridad frente a la libertad y la necesidad de poner la tortura al servicio de los valores liberales y del progreso humano.

Casi siempre lúcido, Gray adopta en esta cuestión una postura chocante. Entender la libertad y la seguridad como dos valores contrapuestos no sólo lleva en último término a escenarios orwellianos, sino que además plantea una disyuntiva falsa. No es la libertad la que da origen a la inseguridad y la violencia. Son la injusticia y el agravio lo que está en la raíz del problema del terrorismo islámico, y la tortura, que crea nuevas víctimas y nuevos mártires, no puede sino empeorar las cosas. Los relatos de Guantánamo y las fotografías de Abu Ghraib no han hecho más que engrosar la lista de musulmanes furiosos y deseosos de recuperar su dignidad como comunidad.

Al tiempo, tal y como reconoce el soldado norteamericano de la Unidad de Inteligencia Militar Damien Corsetti, destinado en las cárceles de Afganistán e Irak y testigo de numerosos interrogatorios, la tortura no resulta efectiva como estrategia para el suministro de información. Según sus propias palabras, a los cinco días de interrogatorio, tras golpes, privación sensorial, asfixia simulada, tortura psicológica y únicamente algunas horas de sueño, el prisionero – en muchos casos un campesino inocente o estúpido – pierde el juicio y confiesa cualquier crimen del que se le acuse.

La tortura en la lucha contra el terrorismo islámico es, por tanto, un mal negocio: no cumple la función de obtener información fiable, enfurece a los musulmanes de todo el mundo y menoscaba la autoridad moral de Estados Unidos ante sus aliados. Sin embargo, lo más grave es que es una práctica que destruye a un ser humano, lo convierte en una sombra y le arrebata toda su dignidad. La tortura es un mal intolerable del que los soldados estadounidenses han sido víctimas en Corea o Vietnam. Ahora verdugos, parece que Obama ha tomado la resolución de que estos abusos no vuelvan a ocurrir bajo su mandato. Poco a poco el legado de Bush se desvanece. El mundo suspira aliviado.