Los cívicos cruceños se declararon en emergencia. Denuncian que el Gobierno pretende destruir la institucionalidad democrática y acallar voces disidentes.
Comité pro Santa Cruz crea Comisión de Defensa de Derechos Humanos. El Comité Cívico pro Santa Cruz se declaró en emergencia y movilización general de sus afiliados para evitar que algunos miembros de la élite cruceña, que fueron citados por la Fiscalía de La Paz a declarar por su presunta vinculación con la "célula terrorista", sean aprehendidos.
La decisión fue comunicada en conferencia de prensa por el presidente de la entidad, Luis Núñez, quien dio lectura a la resolución aprobada por el directorio del Comité Cívico, donde se dispone la creación de un Consejo de Defensa de los Derechos Humanos.
El presidente de la institución cívica fue autorizado a convocar de manera directa y sin necesidad de una nueva reunión de directorio a la Asamblea de la Cruceñidad, órgano supremo de decisión del Comité pro Santa Cruz en caso de que la situación así lo amerite.
El Comité Cívico “condenó la actitud del Gobierno Nacional de amedrentar a los líderes autonomistas del país con este complot absurdo en base a declaraciones de individuos con largos prontuarios delictivos y con sospechosos acuerdos de cooperación en las investigaciones”.
Núñez anunció que el Comité asumirá la defensa activa de los derechos humanos de todos los bolivianos que sean víctimas del acoso del Gobierno Nacional. El Colegio de Abogados de Santa Cruz y de Bolivia y la Federación de Profesionales de Santa Cruz forman parte del Consejo de Defensa de los Derechos Humanos como un ente jurídico institucional capaz de defender a todos los bolivianos que vean sus derechos violados por el Gobierno a través de cualquiera de sus órganos.
La creación del Consejo es una reacción a declaraciones de testigos y detenidos de presunto terrorismo que han implicado, entre otras personalidades cruceñas, al prefecto opositor Rubén Costas y al empresario Branko Marinkovic, destacado líder autonomista de esa región.