El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, anunció que enviará al Gobierno peruano todos los antecedentes de la denominada masacre de “octubre negro” para que reconsidere el asilo y refugio que otorgó ese país a tres ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada sumariados por genocidio y negó que sean perseguidos políticos.
“El Gobierno boliviano, por conducto diplomático, enviará en las próximas horas toda la información sobre el juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros”, explicó en una conferencia de prensa.
Choquehuanca mostró dos tomos con la información que se remitirá al vecino país, con el propósito de que el Gobierno peruano “analice, valore, conozca y considere la revocatoria de asilo político a Jorge Tórrez Obleas y el cese de la calidad de refugiados a Mirtha Quevedo y Javier Tórrez Goitia, ex ministros de Sánchez de Lozada”, quienes están investigados por su participación en la muerte de al menos 67 personas y 400 heridos en las insurrección popular que obligó a dimitir al ex Presidente y huir a Estados Unidos en octubre de 2003.
“Estamos seguros que ellos (el Gobierno peruano) no contaban con toda esta información. Al conocerla, harán una valoración adecuada en el marco de su normativa interna y la norma internacional”, señaló el jefe de la diplomacia boliviana.
A su juicio, desde el año 2004 hasta la fecha se habían respetado todos los derechos constitucionales y procesales de las ex autoridades que, alegando persecución política, pidieron asilo en Perú a pocos días de que se inicie en juicio de responsabilidades.
“Invocamos al pueblo peruano y al Gobierno de ese país, que nos ayuden a que estos hechos no queden en la impunidad. Estamos convencidos que el Gobierno peruano, una vez que conozca todas esta información y los antecedentes que contiene, revisarán su posición”, dijo Choquehuanca.
El canciller boliviano informó también que la misma información, que se enviará al Gobierno de Perú, se remitirá al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur con sede en Ginebra), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todas las misiones diplomáticas acreditadas en Bolivia porque “deben saber que se trata de una demanda de justicia y respeto a los derechos humanos del pueblo boliviano y particularmente, del pueblo alteño”.
EL DATO
IINFORME. La misma información, que se enviará al Gobierno de Perú, se remitirá al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur con sede en Ginebra), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todas las misiones diplomáticas acreditadas en Bolivia.
Consideran “gravísimo error” ruptura de las relaciones
El primer ministro (premier) peruano, Yehude Simon, advirtió el jueves que Bolivia incurría en un “gravísimo error” si rompe relaciones con Perú.
“Me parecería un gravísimo error para Bolivia romper relaciones con su hermano. Perú y Bolivia son hermanos de padre y madre por si acaso, no somos hermanastros”, dijo.
“Tenemos una misma identidad, tenemos una misma cultura y lo peor que puede pasar es que un hermano se retire”, afirmó en declaraciones citadas por la agencia estatal andina.
Las relaciones de Bolivia y Perú se encontraban en punto crítico, tras fuegos de artillería verbal cruzados entre La Paz y Lima.
La crisis, que germinó en 2007 y brotó por temas comerciales un año después, estalló el fin de semana último, cuando el gobierno del presidente socialdemócrata Alan García concedió asilo a tres ex ministros incluidos en un proceso penal junto al ex presidente ultraliberal boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03) por genocidio.
El presidente izquierdista de Bolivia, Evo Morales, consideró la decisión de Lima como un agravio, “una provocación” y pidió a su par peruano expulsar a los ex funcionarios bolivianos que, ante la proximidad de la apertura del juicio, en la Corte Suprema de Justicia, pusieron pies en polvorosa y se refugiaron en el único país limítrofe de Bolivia, que podía darles guarida, por la línea política de su gobierno.
Perú recuerda que respetó
a Bolivia en caso Chávez
El ex canciller Luis Gonzales Posada pidió hoy a Bolivia aceptar las decisiones soberanas de Perú sobre política de asilos, así como se respetó la negativa del gobierno de Evo Morales de conceder la extradición de su ex asesor y procesado por terrorismo debido a sus vinculaciones con el MRTA, Walter Sánchez.
Recordó que el Ejecutivo, frente a un pedido del Poder Judicial, tramitó ante Bolivia la extradición de Walter Chávez, acusado de formar parte del MRTA, pedido que esa nación denegó.
“Terminó siendo asesor de Evo Morales. Perú pidió su extradición a través del Poder Judicial, y le fue negada. Y nosotros respetamos esa decisión, porque así son las reglas de juego del derecho internacional.” En octubre de 2007, el Gobierno peruano oficializó el pedido formulado por el Poder Judicial para tramitar ante Bolivia la extradición de Walter Chávez, ex asesor del presidente de ese país, Evo Morales.
Chávez es acusado por la justicia peruana de exigir “cupos de guerra” a dos empresarios peruanos para la banda terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
En tanto, en mayo de 2008 la Corte Suprema de Justicia de Bolivia rechazó el pedido de extradición.
En ese contexto, Gonzales Posada sostuvo que la actitud adoptada en los últimos días por el gobernante de Bolivia, Evo Morales, de atacar y amenazar con romper las relaciones diplomáticas con Perú, afecta la unidad y la integración regionales.
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