El canciller David Choquehuanca, en una conferencia de prensa, informó ayer que enviará sendos informes del juicio por genocidio del caso “‘octubre negro’ a Perú y a organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a las misiones diplomáticas acreditadas en Bolivia porque “deben saber que se trata de una demanda de justicia y respeto a los derechos humanos del pueblo boliviano y particularmente del pueblo alteño”.
Choquehuanca dijo que “no solamente estamos enviando (documentación) al Gobierno peruano, sino a ACNUR, esta oficina tiene sus representaciones en todos los países. Estamos haciendo conocer a todos los organismos internacionales y asimismo enviaremos al cuerpo diplomático acreditado en Bolivia (...) Estamos enviando porque puede que ciudadanos que están dentro de este juicio de responsabilidades mañana soliciten asilo o refugio en algún otro país”.
La finalidad de esta iniciativa, tomada un día después de que el presidente Morales amenazara con romper las relaciones diplomáticas con Perú, según el Canciller, es que Lima “considere la revocatoria del asilo y el cese del refugio” que concedió a Torres Obleas (asilado), Quevedo y Torres Goitia (refugiados).
En octubre de 2003, una protesta de los vecinos de El Alto por una eventual exportación de gas boliviano por Chile generó una represión militar que dejó al menos 67 muertos y unas 100 personas heridas. El movimiento de las tropas fue autorizado por el gabinete mediante un decreto supremo.
Tras la arremetida militar, las movilizaciones de organizaciones sociales se agravaron y pidieron la renuncia de Sánchez de Lozada, quien tuvo que dejar el poder el 17 de octubre y huir a Estados Unidos, donde actualmente reside junto con su ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín; Jorge Berindoague, de Minería e Hidrocarburos, y Guido Áñez, de Agricultura.
El ex ministro de Educación Hugo Carvajal está en España en calidad de “acogido” y su ex colega de Gobierno Yerko Kukoc tiene paradero desconocido. Mientras que Dante Pino, Érick Reyes Villa y Adalberto Kuajara permanecen en Bolivia, al igual que cinco ex autoridades del Alto Mando militar.
El Canciller, en contacto con los medios, dijo que “el mundo y los organismos internacionales deben saber que se trata de una demanda de justicia y respeto a los derechos humanos del pueblo boliviano (...) Invocamos a la comunidad internacional, al Gobierno peruano y al pueblo peruano para que estos hechos no puedan quedar en la impunidad”.
El diplomático consideró que “no existió persecución política” como denunciaron los ex ministros que están asilados en Perú. “Llama la atención que estas personas hayan solicitado asilo político y refugio alegando persecución política, huyendo de esta manera de un juicio y generando un cuadro de impunidad”.
Indicó que, a su juicio, desde 2004 hasta ahora se respetaron los derechos constitucionales y procesales de las ex autoridades. El inicio del juicio por el caso “octubre negro” está previsto para el lunes en la Corte Suprema de Justicia.
Choquehuanca explicó que las normas internacionales son “revisables” y recordó el caso de dos ciudadanos paraguayos involucrados en el asesinato de la hija del ex presidente de Paraguay
Raúl Cubas, quienes recibieron asilo en Bolivia. “Pero una vez que el Gobierno de Paraguay dio información fundada, se quitó el asilo a estos dos ciudadanos”.
No obstante, la Cancillería no actuó de la misma manera ante el pedido de extradición por parte de Perú del ciudadano Wálter Chávez, acusado en su país de terrorismo, extorsión y otros delitos comunes, pero que en Bolivia goza del estatus de refugiado concedido por ACNUR.
El asesor legal de ese organismo en Bolivia, Marco Rasguido, recordó al Gobierno boliviano que no podrá extraditar a los tres ex ministros mientras tengan condición de refugiados en Perú, porque la Convención sobre Refugiados Políticos de 1951, en su artículo 53, establece el principio de no devolución al país donde sufre persecución.
Sin embargo, la Cancillería confía en que cuando se divulgue la información sobre “octubre negro”, habrá una “reflexión” y cambiarán las decisiones.
La recusación de Mirtha Quevedo quedó sin efecto
La inasistencia de la ex ministra Mirtha Quevedo a la audiencia donde debía considerarse la recusación del tribunal dentro del juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros hizo que se declarara por desistido el incidente de recusación y se allanó el camino para el inicio del proceso oral previsto para el lunes.
La ex Ministra de Participación Popular del Gobierno de Sánchez de Lozada, desde la República del Perú, planteó la recusación del tribunal en pleno con la intención de apartarlo del conocimiento de este proceso, pero no se hizo presente en la audiencia de consideración de su incidente.
Para la resolución de este incidente, la Corte Suprema de Justicia convocó a dos conjueces y cinco abogados notables para que conformen el Tribunal de Recusación, entre ellos Bernardo Wayar Caballero y Saúl Paniagua Flores, y Juan Tomás Mostacedo Martínez, Héctor Javier Miranda Hernández, Hernando Aguilar Martínez, Javier Serrano Llanos y Luis Molina Canizares.
El presidente del Tribunal de Recusación, Bernardo Wayar, afirmó que era obligación de la ministra Quevedo, como recusante, asistir a la audiencia. “Sólo se puede plantear este tipo de incidencias estando presente en audiencia”.
Una vez resuelta la demanda, el Tribunal quedó nuevamente habilitado para conocer este proceso y en las próximas horas convocará a una nueva audiencia para considerar la solicitud del Ministerio Público de dictar la medida cautelar de detención preventiva contra los imputados del caso “octubre negro”.
Opinión de Amnistía
La directora de Amnistía Internacional en Lima, Silvia Lolis, afirmó ayer a la agencia peruana Andina que es un deber de las democracias, como el Perú, otorgar asilo político o refugio a quienes lo solicitan por sentirse perseguidos y desestimó las críticas del Gobierno boliviano por dar tal estatus a ex ministros de este país.
Subrayó que la concesión de asilo y refugio, cuando hay riesgo y persecución, está establecida en las normas internacionales de protección a los derechos humanos, a las que se ha adherido el Perú.
“Es una obligación de los Estados democráticos, como Perú, otorgar el estatus de asilado y refugiado, si es que la persona demuestra que hay riesgo para su vida y (persecución por) sus ideas. Eso forma parte de las normas internacionales de protección a los derechos humanos”.
Deploró que el presidente de Bolivia, Evo Morales, haya calificado a la nación peruana como “refugio de delincuentes” por conceder refugio a los ex ministros Mirtha Quevedo y Javier Torres, y asilo al también ex ministro Jorge Torres Obleas.
Sostuvo que tales declaraciones son “expresiones de una persona que no está informada”, ya que desde el ámbito del derecho internacional, es un derecho de la persona solicitar asilo o refugio cuando se considera en riesgo.
Agregó que toda acusación de supuesto delito de lesa humanidad contra los ex funcionarios requiere ser comprobada mediante un expediente judicial. Loli opinó que las palabras de Morales pueden reflejar “mortificación”, pero confió en que Bolivia cambie de posición.
Si (
No(
