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Europa y las autonomías

   Europa ha conseguido mucho en estos 50 años de integración política pero, como dice Jacques Delors, el marasmo que aqueja a la Unión Europea se debe a la ausencia de un proyecto capaz de ilusionar a sus ciudadanos en el camino de la unidad, la solidaridad y la autonomía. Con Constitución o sin ella, la UE necesita nuevas normas. Un botón de muestra: desde Bruselas, unos representantes políticos que no gestionan competencias les imponen a otros colegas que sí lo hacen las medidas que deben aplicar en sus comunidades. Con una particularidad: los primeros no son elegidos democráticamente, sino designados, mientras que los segundos responden en las urnas de su gestión.

   Cuando se redactó la Constitución en 1978 no existían las autonomías como se conocen ahora y España no había ingresado en la entonces llamada Comunidad Económica Europea (CEE), la actual Unión Europea. Es lógico, por tanto, que se produzcan desajustes de alcance en la maquinaria de las distintas administraciones que nos gobiernan y, por esa misma razón, que las nuevas instituciones traten de encontrar el mejor engranaje para atajar el conflicto o deshacerse del lastre. Es en este escenario en el que se suscita el debate de fondo sobre el presente y el futuro de las relaciones de las autonomías con la UE, sobresaltado por la reivindicación vasca y los deseos de otras fuerzas nacionalistas de conseguir la interlocución directa con las autoridades de Bruselas.

   Lejos de afrontar problemas reales como éste, el debate territorial ha derivado en España en otra cosa, que aporta mucho ruido y pocas nueces. Pero el problema sigue estando ahí, mientras carece de sentido que en Bruselas se reúnan unos señores de la UE que no gestionan políticas sectoriales con otros señores de Madrid, que tampoco gestionan competencias ya traspasadas a las comunidades, para imponerles unos deberes a terceros -las autonomías y los ayuntamientos- que sí gestionan y conocen el terreno que pisan a diario. Es más, determinadas políticas sectoriales relativas a la pesca y la agricultura, que en Europa se llevan la mitad de presupuesto, no deberían hurtarse a las comunidades autónomas, que en algún caso representan el grueso de toda la producción europea, como sucede con la pesca en el caso de Galicia.

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