La presidenta en funciones del Órgano Judicial, Beatriz Capobianco, dirigirá mañana, desde las 14.00, una sesión en la que los magistrados aceptarán o rechazarán el recurso planteado.
La posibilidad de que Bolivia exporte gas natural a través de un puerto chileno y bajo los parámetros de la capitalización desencadenó una serie de movilizaciones entre septiembre y octubre de 2003, que se saldó con 67 muertes y más de 400 personas heridas, además de la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la Presidencia.
Como estaba previsto, a la apertura del proceso sólo asistieron los ex ministros Érick Reyes Villa, Dante Pino, Adalberto Kuajara y los ex miembros del Alto Mando Militar Juan Véliz Herrera, Luis Alberto Aranda, José Osvaldo Quiroga Mendoza, Roberto Claros Flores y Gonzalo Alberto Rocabado Mendoza.
A Sucre también llegó una delegación de familiares de los caídos durante esas jornadas luctuosas, así como quienes resultaron heridos. Con carteles en mano y también portando la imagen del ex Mandatario, pedían “justicia” para los 67 fallecidos y los más de 400 heridos.
Al menos 80 personas se apostaron frente a la Corte Suprema y otras 50, principalmente parientes de los muertos y lesionados, se encontraban en el hall del Palacio de Justicia.
Una pantalla y unos parlantes fueron habilitados para seguir la audiencia, pues el ingreso a la sala fue restringido a los querellantes, los demandados, los abogados defensores, los miembros del Tribunal y algunos testigos.
El inicio de la audiencia
La audiencia comenzó alrededor de las 10.00, pero antes de que el presidente del Tribunal, Ángel Irusta, instalara oficialmente el juicio por “octubre negro”, la Fiscalía y la defensa de las víctimas pidieron la declaratoria de rebeldía y la emisión de las órdenes de aprehensión para los ex ministros que huyeron del país: Mirtha Quevedo, Javier Torres Goitia y Jorge Torres, quienes se encuentran en calidad de asilados y refugiados en Perú.
La solicitud también fue hecha para el ex ministro Hugo Carvajal, quien está en España como acogido; así como para Guido Áñez, donde tramita en Estados Unidos su residencia permanente; también se incluyó a Yerko Kukoc, cuyo paradero se desconoce.
Comenzó, entonces, una etapa de deliberación de aproximadamente media hora. El abogado de Jorge Torres intentó hacer valer el asilo político de su defendido en Perú para justificar su inasistencia y frenar la solicitud de rebeldía y la consiguiente orden de arresto. De acuerdo con su versión, el documento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano indica que tiene asilo territorial y no puede abandonar esa nación.
El fiscal Milton Mendoza argumentó que si bien la nota del Gobierno peruano informa sobre la condición en la que se encuentra Torres Obleas, el documento no hace referencia a que el Tribunal tome una decisión sobre el proceso que se le sigue a esa ex autoridad, por lo que pidió que se rechace ese argumento.
Cuestionó el hecho de que el ex Ministro hubiese violado las medidas sustitutivas que le fueron impuestas por la Sala Penal Primera de la Corte Suprema y que haya salido del país desoyendo la decisión de que se presente el 20 de cada mes en la Fiscalía.
Tras escuchar esos argumentos, el magistrado Irusta decretó un cuarto intermedio, a cuyo término informó que los jueces y conjueces decidieron declarar la rebeldía de las ex autoridades que no se presentaron a la audiencia de ayer y que se dispuso la emisión de los correspondientes mandamientos de aprehensión y arraigo, y la publicación de sus datos y señas personales.
El Tribunal determinó también la anotación preventiva de sus bienes muebles e inmuebles ante la Oficina Nacional de Derechos Reales.
Con la declaratoria de rebeldía, según Irusta, se suspende el juicio para esas ex autoridades hasta que comparezcan ante la justicia o sean aprehendidas.
Con relación a Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Joaquín Berindoague, el máximo Tribunal ratificó la condición de rebeldía que fue dispuesta en la etapa preparatoria del proceso, “al no haber comparecido y no justificado su ausencia”. Para ellos, el juicio también quedó postergado en tanto no se presenten ante la justicia o sean arrestados.
El abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta, a tiempo de destacar esa decisión, explicó que con la suspensión del proceso para Sánchez de Lozada y los ex ministros que no se encuentran en el país, éstos ya no podrán acogerse a la prescripción de éste, pues “el tiempo quedó paralizado para ellos” hasta que comparezcan ante la justicia boliviana.
El fiscal Mendoza también valoró que se haya declarado la rebeldía de las ex autoridades porque a partir de esa decisión pesa un mandamiento de aprehensión y son considerados “prófugos de la justicia boliviana”.
La autoridad del Ministerio Público dijo que se informará a la Policía Internacional (Interpol) sobre esas órdenes de arresto y se pedirá la cooperación judicial del exterior del país para su ejecución. A partir de ello, dijo, se tramitará ante Perú, Estados Unidos y España la extradición de esas ex autoridades, “porque también son perseguidos por delitos de lesa humanidad”.
La declaratoria de rebeldía, aseguró, también será un argumento para revocar el asilo y refugio político de los ex ministros que accedieron a esa condición. Empero, reconoció que esas gestiones serán complicadas.
La recusación
Una vez resuelta la solicitud de rebeldía, aproximadamente a las 12.15 el magistrado Irusta instaló oficialmente el juicio oral en contra de “Gonzalo Sánchez de Lozada y otros por los delitos de genocidio y otros”.
Los delitos por los que se les acusa son genocidio en su grado de masacre sangrienta, lesiones gravísimas, graves y leves.
Sin embargo, a los pocos minutos de la apertura de ese proceso, la secretaria de esa sala informó que el ex ministro Kukoc recusó a todo el Tribunal, lo que sorprendió a la Fiscalía y a la defensa de las víctimas de octubre.
Habiendo llegado ese documento a esa instancia, el magistrado Irusta suspendió la audiencia hasta que la recusación sea resuelta.
Tras salir de la audiencia, el fiscal Mendoza expresó su extrañeza por el memorial presentado por Kukoc, más aún cuando se desconoce su paradero. Considera que es una nueva traba en el juicio de responsabilidad, pero dijo que ello no le sorprende porque desde el inicio de la investigación se tuvo que hacer frente a ese tipo de acciones, cuyo único fin es dilatar la continuidad del proceso cuya fase final se puso en marcha.
Dijo desconocer los motivos por los que Kukoc recusó a todos los miembros del Tribunal. Los argumentos serán conocidos en la audiencia en la que se resolverá ese caso, que se llevará a cabo mañana.
El abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, pidió celeridad en la resolución de ese recurso.
A pesar de que el proceso quedó paralizado, resaltó el hecho de que se haya instalado el juicio oral contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
La audiencia atrapó la atención general en Sucre.
Defensa de militares quiere a Evo como testigo
El abogado defensor de los militares procesados por el caso “octubre negro”, Erick Seifert, reiteró ayer que será importante la presencia del presidente Evo Morales como testigo en el juicio de responsabilidad que se sigue al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores.
Seifert calificó, según la Agencia de Noticias Fides (ANF), como “injusta” la inclusión del Alto Mando Militar de 2003 en este caso.
“Las Fuerzas Armadas han garantizado la continuidad democrática en este país, aseguraron la transición democrática, son 27 años que preservan el proceso democrático en Bolivia, y nos parece injusto que por haber acatado órdenes del Capitán General, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, sean enjuiciados ahora”.
Un recurso casi exitoso
Vicente Pilco Chambilla y Juan Alberto Aspi Luna, dos de los querellantes del proceso contra Sánchez de Lozada y sus ministros, casi son excluidos del proceso judicial porque ingresaron a la Suprema sin haberse registrado como parte de los denunciantes.
Esa situación fue aprovechada por los abogados de los imputados para presentar un recurso de declinatoria de querella, el que, en principio, salió a su favor, según la determinación asumida por el presidente del Tribunal. Sin embargo, la decisión fue objetada por la defensa de las víctimas.
Uno de los abogados, Bernardo Quispe, pidió la corrección de esa resolución pues no se acreditó la inasistencia de esas personas y, al contrario, los dos querellantes estuvieron presentes en la audiencia.
El abogado de Dante Pino, Johann Echavarría, exigió al tribunal no cambiar su decisión. “Solicito que se mantenga incólume la decisión adoptada”.
Similar criterio fue expresado por la defensa de los militares. El abogado Erick Seifert, consideró que al no estar presentes a la hora fijada para el inicio de la audiencia y no haberse registrado como corresponde, la declinatoria de querella es viable.
El fiscal Milton Mendoza consideró que un “error administrativo” no inhabilita a ambas personas.
A raíz de la polémica, el presidente del Tribunal pidió informes verbales tanto a la secretaria de esa sala como al jefe de seguridad de la Policía para conocer a qué hora ingresaron esas dos personas.
De acuerdo con los informes, ambos entregaron sus carnets, por lo que físicamente sí se encontraban en el lugar. El jefe de seguridad argumentó que posiblemente ingresaron cuando hubo una aglomeración en la puerta, por lo que se supone que entraron con el grupo de personas y no aclararon que eran querellantes para conducirlos a la sala donde se iba a instalar la audiencia.
Así, los miembros del Tribunal cambiaron su decisión “por unanimidad”, pues la audiencia por el juicio de “octubre negro” aún no había sido instalada.
Reacción de los militares
El Alto Mando militar anunció que colaborará en el desarrollo del juicio de responsabilidad.
El comandante de las FFAA, almirante José Luis Cabas, formuló anoche esa declaración.
El jefe militar aseveró que “los errores no los cometimos nosotros, los militares”.
En todo caso, dijo que los uniformados “estamos purgando los errores de los políticos”.
José Luis Cabas sostuvo que a la institución “no le interesa quién ocupe el Gobierno”.
El almirante señaló que a las FFAA les interesa respaldar al Gobierno legalmente constituido.
Tres jefes de la entidad castrense son juzgados por los hechos de octubre de 2003.
En las protestas civiles de hace casi seis años, 67 personas murieron por armas de guerra.
El número de heridos superó los 400. Por ello, Goni y sus colaboradores son juzgados en Sucre.
Testimonios
“Soy un afectado de 2003, me amputaron la pierna izquierda. No puedo hacer nada. Queremos que de una vez se enjuicie a Goni y sus colaboradores, que paguen por lo que nos han hecho. Mi vida cambió, si bien me dieron trabajo en Comibol, lo que gano no es suficiente”.
Dionisio Cáceres (32)
Herido
“Me he quedado mal, cuando estaba con mi pierna todo era fácil. A mí me balearon el 12 de octubre de 2003, ese día fui a buscar a mi papá y resulté yo nomás herido. Me dieron trabajo en la Prefectura con un sueldo de 1.000 bolivianos, pero me discriminan, me dicen que no puedo hacer mucho ”.
Luis Alfredo Castaño (29)
Herido
“Desde el día en que perdí el brazo, el dolor no me calma y día que pasa me duele más, por eso pido que se haga justicia. A mí me hirieron en el puente de Río Seco. Ese día cayeron en ese lugar dos personas. No estaba participando en el bloqueo, sólo fui a mirar, pero los militares dispararon”.
Francisco Apaza (62)
Herido
“Nos ha fregado la vida este maldito Goni, nos cambió la vida de la noche a la mañana. A mí la bala me entró por la pelvis, perdí el testículo derecho y también me fregó la vejiga. Sigo con medicamentos. Esa vez pensaba seguir adelante, pero ahora me siento como si hubiera muerto”.
Luis Antonio Gutiérrez (28)
Herido
“Siempre hay excusas para que el juicio se dilate. A veces parece que la Corte misma es cómplice. Son cinco años que seguimos esperando y ahora vemos que hay una recusación. Nos vemos perjudicados. Yo perdí a mi esposo, Lucio Santos Gandarilla, y pido que los responsables paguen”.
Sonia Espejo Villalobos (29)
Viuda
Para la historia
A René Barrientos, presidente elegido por voto, se le abrió un juicio de responsabilidad.
El diputado Marcelo Quiroga inició el proceso, pero fue detenido y el juicio no prosperó.
Luis García Meza fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por su dictadura.
Sánchez de Lozada es el primer mandatario elegido en las urnas sometido a juicio.
Detalles
Ana Reyes, abogada del ex Presidente, calificó al proceso judicial como “político”.
El ex Mandatario es rebelde y contumaz desde marzo de 2007, por decisión judicial.
Sánchez de Lozada se encuentra desde octubre de 2003 en Estados Unidos.
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