La Asamblea Nacional aprobó a principios de mayo la Ley que reserva al Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos.
Dicha norma permite al Estado venezolano asumir el control de empresas de inyección de agua, vapor o gas, de transporte de trabajadores y de prestación de otros servicios en la industria petrolera.
Desde su entrada en vigencia, Petróleos de Venezuela ha asumido el control de 76 empresas estratégicas del ramo.
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