Es indiscutible que los recursos petroleros del país son de todos los ecuatorianos y que su administración está encargada por el pueblo a su gobierno. Por lo tanto resulta evidente que dicha riqueza debe de ser manejada por el mandatario de turno con absoluta pulcritud y eficiencia y no debe estar sujeta a novelerías poco claras con supuestos aliados que pongan en riesgo el patrimonio de los ecuatorianos.
Una política seria implica el asociarse en procesos transparentes con empresas de alta experiencia y tecnología con capacidad de inversión para la explotación en campos marginales pequeños y grandes y que no han sido desarrollados para transportar al menos 650.000 barriles diarios de crudo.
El administrar de la mejor manera nuestros recursos demanda el tener procesos serios de licitaciones de exploración y producción que posibiliten utilizar de manera óptima nuestro oleoducto y así le permitan a los ecuatorianos ingresos adicionales por alrededor de US$ 5.000 millones anuales.
Una buena administración de parte del Estado exigía que ya tuviéramos lista una nueva refinería que bajo capital de riesgo y de zona franca hubiera suplido la demanda de derivados y hubiera bastado para superar con creces todo el desbalance fiscal y comercial que sufrimos actualmente.
Las cifras que Ecuador tuvo que desembolsar al extranjero por la importación de derivados del petróleo en el 2008 superaron los 3.200 millones, cantidad que le hubiera bastado con creces para superar no tomar las famosas medidas restrictivas y anticrisis.
Por supuesto el desatinado manejo del sector y los recursos petroleros viene de larga data y no es exclusiva responsabilidad de la actual administración aunque los dos y medio últimos años, si lo son.
*Centro de Estudios y Análisis
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