Temor de nuevos focos de violencia en Perú por las protestas de pueblos originarios amazónicos

La toma por parte de indígenas de una carretera y de campos petroleros en la Amazonía peruana generó temores de nuevos focos de violencia tras los choques del fin de semana entre nativos y policías que dejaron 35 muertos, un hecho que comienza a pasarle factura al gobierno del presidente Alan García.

La carretera que une Yurimaguas y Tarapoto (900 km al norte de Lima) sigue tomada tor unos 3.000 nativos desde hace 34 días y se ha convertido en el centro de atención por la posibilidad de que se repita la violencia que el viernes pasado se produjo en la selvática Bagua.

Este lunes la policía y líderes de indígenas negociaban un desalojo pacífico de esta ruta, estratégica porque por allí sale parte del crudo que se produce en la selva peruana.

La recuperación a sangre y fuego por parte de la policía el viernes de la carretera en Bagua -seguida por protestas y la retención como rehenes de 38 policías en una estación petrolera- dejó 24 uniformados muertos y 11 indígenas, cifra que podría incrementarse.

Adicionalmente, el domingo, los nativos tomaron de manera pacífica dos instalaciones petroleras en la selva amazónica en el extremo norte del Perú, pertenecientes a la Pluspetrol, de capitales argentinos.

Tras la tragedia del fin de semana, tanto el gobierno como los nativos han radicalizado posiciones.

Unas 65 etnias de la amazonía protestan desde abril pasado con bloqueos de rutas y ríos y tomas de instalaciones petroleras para que el gobierno derogue decretos que, consideran, pueden quitarles sus tierras en beneficio de empresas petroleras, mineras o madereras.

Aunque ha habido intentos de diálogo entre el primer ministro, Yehude Simon, y el líder de los indígenas Alberto Pizango (ahora en la clandestinidad tras haberse cursado una orden de captura en su contra), los dos bandos se acusan de intransigencia.

"Nosotros jamás daremos pie atrás, no hemos perdido en esta lucha", dijo la dirigente indígena Daysi Zapata quien reemplazó este lunes a Pizango en una conferencia de prensa en Lima.

"Este gobierno ha manchado de sangre a nuestro Perú", dijo la dirigente.

El presidente Alan García -quien calificó los acontecimientos una como muestra de "barbarie y salvajismo"- y el primer ministro Simon han denunciado que los hechos de violencia "son parte de un complot contra la democracia y un intento de golpe de Estado.

El domingo la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, dijo que el movimiento indígena peruano seguía los pasos de los nativos de Bolivia, cuando sacaron del poder en 2003 al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, o los de Ecuador con Jamil Mahuad en 2000.

Cabanillas se preguntó; "¿Quién está financiando esto? Esto cuesta, tiene que haberse dado de alguna fuente".

Los indígenas también recibieron críticas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que condenó el asesinato de policías.

"Lamentamos que más allá del ejercicio del derecho a la protesta, algunos manifestantes hayan agredido, secuestrado y dado muerte a miembros de la Policía", señaló su director, Ronald Gamarra.

Pero el gobierno no escapa a las críticas. Para el ex presidente Alejandro Toledo hablar de conspiración "es un argumento débil" mientras indicó que "el gobierno ya perdió capacidad de interlocución".

Mientras tanto, el opositor nacionalista, Ollanta Humala, consideró que el gobierno "prefirió "la matanza a la derogatoria".

Este lunes, en su editorial, el influyente diario El Comercio señala: "Consideramos que el costo político debe ser asumido, como corresponde en la tradición democrática, por el Consejo de Ministros y los titulares de los sectores directamente involucrados".

"El gobierno erró en la ejecución de la incursión, no consideró los informes de inteligencia y envió como carne de cañón a valerosos policías. Tampoco supo manejar el fondo de la negociación, principalmente porque no tiene vocación sincera de diálogo" con los nativos, consideró el analista Augusto Alvarez en el diario La República.