Unos 350 agentes de movilidad, convocados por los sindicatos CSIT-UP, CCOO, UGT, UPM y CPPM han realizado este martes una marcha desde la plaza del Callao hasta la de Cibeles para pedir al Ayuntamiento de Madrid que abra las mesas de negociación de sus condiciones laborales.
La marcha ha recorrido la calle de Preciados, la Puerta del Sol, la carrera de San Jerónimo, la calle de Cedaceros y la calle de Alcalá. Los agentes continúan así con las movilizaciones que iniciaron a mediados del mes de mayo para reivindicar, entre otras peticiones, la ampliación de la plantilla, la regulación de horarios del colectivo, la implantación de un sistema de carrera profesional y la creación de un plan de prevención de riesgos laborales adaptado al trabajo que llevan a cabo y que posea un catálogo de enfermedades profesionales del colectivo que no están especificadas.

Los sindicatos denuncian que de los 700 efectivos con los que cuenta el Consistorio, 200 están de excedencia para ocupar puestos de funcionario en otras administraciones o en empresas privadas.
También critican que el Consistorio se niega a negociar para darles unas condiciones laborales dignas y que en las últimas semanas ni siquiera da respuesta a sus consultas.
Por su parte, el coordinador general de Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Fernando Autrán, aseveró que se trata de un "conflicto falso" ya que sus argumentos "no se sostienen".

Sobre el número de efectivos, el responsable municipal afirmó que la plantilla está integrada en este momento por 706 agentes, a los que se sumarán este verano, tras la correspondiente oposición, otros 122 más.
En cuanto a sus condiciones laborales, Autrán recordó que los Agentes de Movilidad trabajan siete horas al día de lunes a viernes, a lo que suman un fin de semana al mes que se compensa con dos días de libranza. Además, en San Isidro y verano trabajan una hora menos diaria, disfrutan de 22 días hábiles de vacaciones, 8 de libre disposición, 14 festivos y las jornadas del 24 y 31 de diciembre.
"Presión descomunal"
Los sindicatos también denuncian la "presión descomunal" para que sancionen y retiren vehículos de la vía pública con el fin de incrementar sus objetivos, que se traducen en "mejoras retributivas para la Dirección de Movilidad.
Autrán sostiene que la denuncia de infracciones y la imposición de sanciones es una función fundamental de sus cometidos, dentro de la ordenación y control del tráfico, pero niega que haya presiones en este sentido. Desde el Ayuntamiento de Madrid se recordó que el salario medio de estos profesionales oscila entre los 24.000 y los 29.000 euros anuales, a los que se añaden otros 2.500 por complementos de productividad.