La Ley de Enseñanza de Cataluña, (LEC), ha nacido con el interés de que los cambios que pudieran darse en el gobierno autonómico no le afecten. En el ámbito interno se destacan elementos como la consagración de dos líneas de enseñanza, la estrictamente pública y la concertada con centros privados o religiosos. Aporta otras novedades, como una mayor autonomía de los centros o la ampliación de las ayudas públicas a los centros de enseñanza media concertados. Pero quizás lo que es más novedoso es que es una ley, superior normativamente a un decreto, lo que hace que el emitido por el gobierno central obligando a por lo menos tres horas de enseñanza en castellano quede sin efecto.
Los votos favorables han procedido de PSC y ERC dentro del tripartito y de CiU en la oposición. En contra ha votado, por lo menos respecto a la columna vertebral de la norma, ICV-EUiA, partido de gobierno, el PP y los miembros de Ciutadans.
La polvareda que se ha levantado alrededor de la ley tiene colores diferentes. Así, PP y Ciudadanos han mostrado su frontal desacuerdo con la ley porqué consideran que consagra “el taliabanismo lingüístico” porqué blinda la inmersión lingüística al fijar el catalán como lengua vehicular en las aulas y cargarse de paso el precepto que fijaba por lo menos en tres horas a la semana la enseñanza en castellano.
Por este mismo motivo, ERC ha planteado como condición imprescindible para su apoyo al conjunto de la norma la cuestión del catalán.
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CiU tiene otros motivos aparte de los que tienen que ver con su visión nacionalista. CiU siempre ha hecho bandera de su apoyo a la escuela concertada y en esta ley queda claramente recogido. La norma legal se ha pensado para que no tenga que se cambiada si cambia la mayoría electoral en Cataluña, excepto que haya un vuelco hacia las tesis del PP, claro. Por lo tanto, se trata de una ley que deja muchos elementos a decisión del gobierno de turno. CiU tiene desde siempre una querencia especial por la escuela privada y este ámbito es importante en Cataluña, casi el 50% de las escuelas son concertadas. Para poner un ejemplo, el representante de las escuelas religiosas, Enric Puig, fue alto dirigente de la Generalitat, cuando mandaba Pujol.
A ICV-EUiA lo que molesta de la ley no es el catalán o la desaparición de la obligación de un mínimo de enseñanza en castellano. Lo que duele es que permita que haya dinero público para financiar escuelas concertadas, incluso si estas aplican criterios como la separación de sexos. Tampoco gusta que se aseguren las ayudas para escuelas concertadas o que se fijen cuotas máximas de alumnos inmigrantes para las escuelas.
El PSC ha hecho gala de pragmatismo, aplicando el refrán chino: “Un país, dos sistemas educativos”. Salva por una parte la presión de ERC al eliminar las tres horas de castellano, pero incluye al mismo tiempo en el apartado de incremento de la autonomía de los centros el recurso a que aquellas escuelas situadas en zonas con gran concentración de castellanoparlantes no sólo den tres horas en esta lengua, sino que incrementen la cuota de castellano en caso de que padres y docentes así lo decidan. A mismo tiempo, estratégicamente el PSC se sitúa en el centro del debate político y evita críticas de radicalismo de CiU.
Los sindicatos de maestros, tradicionalmente críticos con los incrementos de poder de las direcciones en los centros y con la línea del consejero de educación, Ernest Maragall, han anunciado protestas, más por la consagración de las dos líneas ideológicas que por criterios lingüísticos.
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