La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento, Pilar Martínez, anunció este martes que las partes implicadas han llegado a un "acuerdo histórico" para solucionar los problemas de la Cañada Real Galiana, aunque aún queda determinar cómo se va a gestionar la atención social a sus habitantes.
Según el Ayuntamiento de Madrid, la Delegación de Gobierno, el Ejecutivo regional y los ayuntamientos de Rivas, Coslada y el de la capital acordaron este martes desafectar el tramo de la Cañada Real Galiana que pasa por estos municipios después de una larga reunión entre las administraciones y de muchos contactos prolongados en el tiempo.
La delegada de Urbanismo definió el acuerdo alcanzado como "histórico" y explicó que consiste en
desafectar íntegramente la Cañada Real Galiana a su paso por Rivas, Coslada y Madrid por no ser adecuado al tránsito ganadero. Los terrenos pasarían a tener la condición de bien patrimonial de la Comunidad, lo que supondría que
ya no serán de dominio público. De ser así, el Gobierno regional podrá cederlos a los ayuntamientos, permutarlos o realizar cualquier negocio con ellos.
Del anunció de Martínez se deriva que habría otras zonas en las que también hay construcciones al margen de la legalidad, las correspondientes a San Fernando de Henares y Getafe, que seguirían estando consideradas como Cañada Real en la ley que el Gobierno regional quiere aprobar en la Asamblea antes de que acabe el año con el mayor consenso posible.
Este extremo coincide con los planteamientos expuestos por el Gobierno regional en varias ocasiones. Según un
estudio jurídico realizado por la Comunidad, la mayor parte de la Cañada se desafectó hace décadas y ahora lo que se pretende es darle una cobertura legal a esta situación.
¿Y la solución social?
Pese al anuncio de Martínez, en la delegación del Gobierno este martes solo reconocieron a
Madridiario que las conversaciones están muy avanzadas. Por su parte, un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente afirmó que, por el momento, solo hay un inicio de entendimiento y sobre todo la voluntad de todas las partes afectadas de arreglar la situación de la Cañada Real.
Aunque el aspecto legal esté acordado, queda por resolver la parte social: qué hacer con la gente sin recursos que ahora vive en infraviviendas y cómo desmantelar los puntos de venta de droga que en los últimos años se han instalado en esta vía pecuaria. Por este motivo, la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid matizó que "ahora hay que seguir acordando entre las administraciones los
instrumentos sociales y de seguridad pública" para acabar con la degradación en esta zona. Además, los ayuntamiento tendrían que regular el uso del espacio desafectado.
Pero, en este momento, según Martínez ya hay un anteproyecto de ley en el que se han recogido las propuestas de las partes afectadas. El
consenso es fundamental para que salga adelante una solución para la Cañada debido a la magnitud del problema.