En su segundo día de visita oficial a Caracas, Moratinos avanzó la creación de una comisión permanente entre los dos gobiernos que se encargará de evaluar cada 15 días el estado de los casos que aún están pendientes de recibir una compensación por los daños causados.
Uno de los representantes de estos 200 hispano venezolanos afectados, el empresario Antonio Ruiz Zapata, señaló a la prensa tras reunirse con Moratinos que no confiará en la efectividad de la comisión hasta que el propio presidente de la República, Hugo Chávez, "le dé el OK" y avanzó que volverá a pedir la ayuda del Senado español, al que ya ha recurrido en ocasiones anteriores.
Reclamó asimismo que en esa comisión haya representantes de los afectados para que estén presentes cuando se evalúe el valor de las tierras y locales expropiados u ocupados y exigió de nuevo que España haga respetar el acuerdo bilateral suscrito con Venezuela en 1997 para la protección recíproca de las inversiones, algo que el departamento de Moratinos no se plantea.
Ruiz Zapata reveló que le había propuesto a Moratinos que el Gobierno español conceda un crédito a Venezuela, "que no tiene capacidad financiera para pagar", con el fin de que asuma las indemnizaciones y que se cobre ese crédito en la factura por el petróleo que España le compra a Venezuela, una propuesta que el ministro rechazó argumentando que el Gobierno de Chávez sí tiene dinero para pagar.
200.000 hectáreas expropiadas
Él es uno de los 200 ciudadanos con doble nacionalidad española y venezolana a los que les han expropiado o invadido un total de más de 200.000 hectáreas. En su caso, ya tiene preparada una demanda ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial por la expropiación de su frigorífico industrial dedicado a la industria cárnica en el Estado de Barinas en el año 2000, y que daba trabajo a unos 130 empleados.
María Elena Carbadillo, otra de las afectadas, consideró "muy positiva" la medida anunciada por Moratinos, pero también manifestó sus dudas, "porque una cosa es lo que las autoridades venezolanas dicen políticamente" y otra lo que los funcionarios competentes les trasladan a ellos cuando van a reclamar.
Carbadillo, a quien le han invadido una finca de 1.300 hectáreas, también se mostró a favor de que sea el Ejecutivo español quien les indemnice y se encargue él de llegar después a un acuerdo con el Gobierno de Chávez.
El abogado José Solórzano, que vio cómo con la llegada de Chávez a la presidencia de la República el Estado se apropió de su finca de 33.000 hectáreas dedicada a la cría de 26.000 cabezas de ganado, indicó que tampoco creía "mucho" en la eficacia de la comisión anunciada, aunque esperó que el Gobierno español sea capaz de convencer a las autoridades venezolanas de que al menos les indemnicen por los daños causados.
Visita a Chávez
El acuerdo para la constitución de esta comisión permanente entre los dos Gobiernos se firmará mañana coincidiendo con la audiencia que concederá Chávez a Moratinos en el Palacio de Miraflores, donde se prevé también la firma de varios contratos por parte de empresas españolas.
El objetivo de la diplomacia española en el caso de las expropiaciones consiste en favorecer un acuerdo entre las partes encaminado a que los afectados sean compensados. Según datos de Exteriores, de un total de 200 afectados medio centenar ya ha recibido compensación completa. Quedan pendientes de resolver 88 casos de expropiaciones o invasiones de fincas rurales y otras 23 de propiedades urbanas e industriales. El asunto es complejo porque se trata de ciudadanos de doble nacionalidad por lo que Caracas podría argumentar en cualquier momento que es una cuestión interna.
Aunque la Ley de Tierras de Venezuela permite rescatar las propiedades de aquellos dueños que no hayan podido demostrar su titularidad o aquellas que considere ociosas, esto es, que no se están aprovechando de forma suficientes, entre estos 200 afectados hay casos de fincas de las que sí se estaba sacando un buen rendimiento.
Para aquellos casos en los que no se pueda demostrar la titularidad de una finca --los requisitos complican al extremo el proceso-- el Ejecutivo español intenta que al menos se compense a los afectados por el dinero invertido en esas propiedades.
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