Los ex guardias civiles confiesan que hicieron "labores complementarias"

Las mismas fuentes, personadas en la causa, detallaron a Europa Press que los asesores eventuales de seguridad de la consejería de Presidencia José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro Vinagre "rectificaron todas las declaraciones hechas hasta ahora" porque en este jueves en el juzgado, por ejemplo, "sí recuerdan haber estado en Chinchón", uno de los lugares donde supuestamente fue seguido el ex consejero.

Los tres imputados señalan a Gamón, su mando superior, como el que les encargaba una "especie de vigilancia sobre las medidas de seguridad que, de por sí, ya tenía Prada". Es decir, se trataba de vigilar a los que vigilaban al popular. Una vigilancia adicional destinada a detectar posibles fallos como medida complementaria de seguridad, algo que se extendía a todos los desplazamientos del popular llegando incluso hasta los alrededores de su domicilio, explicaron las mismas fuentes.

Sin embargo, esta medida sería ilegal ya que su competencia sólo corresponde al Ministerio de Interior, recordaron las fuentes socialistas. "No tienen capacidad legal para eso y, además, confirmaron que ellos no avisaron de esta vigilancia complementaria ni al escolta (de Prada), ni al Ministerio del Interior ni al propio ex consejero para que no se asustaran", exponen las mismas fuentes. Los imputados confirmaron ante la jueza que ellos confiaban en que sería Gamón quien diera parte de estas labores, algo que tampoco se hizo. Tanto desde el entorno socialista como el propio abogado de los tres asesores imputados coincidieron en señalar que previsiblemente sea Sergio Gamón el que comparezca ante la jueza después del verano.

Intimidad
Esta versión se conoce horas después de que el abogado de los tres guardias civiles, Enrique Molina, explicase que "nunca se han hecho seguimientos o vigilancia con la finalidad de vigilar las costumbres íntimas de estas personalidades", sino sólo controles habituales de seguridad y de los edificios. En un primer momento, los imputados negaron haber realizado seguimientos ilegales ni haber recibido órdenes a este respecto, tal y como informó Europa Press. Agregaron que en ningún caso se vulneró la intimidad de los altos cargos.

Durante dos horas y media, los imputados (José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro Vinagre) declararon ante la jueza Carmen Valcarce. Reconocieron haber realizado labores de seguimiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; al vicepresidente, Ignacio González, y a "determinados consejeros", y, según su abogado, "desmontaron el informe policial" por el que fueron imputados, que "tenía muchas lagunas", según informó la agencia Efe.

Los tres ex guardias civiles "no reconocen la autoría de los partes publicados en prensa", que, por otro lado, según explicó Molina, "están hechos a la inversa de lo que sería un informe policial", ya que parten de una conclusión: "Quieren situar a una persona en un sitio". Molina explicó que "las personas que se dice que son objeto de seguimiento en dichos partes no estaban en ese lugar ni en las fechas indicadas, sino que se encontraban incluso fuera de España".

Falsedades
Esto indica que los partes "contienen falsedades y no se corresponde con la realidad de los hechos" y, por otra parte, que los posicionamientos de teléfonos -mediante los cuales se hizo el presunto espionaje- obedecen solamente a funciones de seguridad, según este letrado. También subrayaron que el acceso de los tres al puesto de trabajo que desempeñaron como asesores de seguridad no fue por vía "digital del consejero", sino que se debió a su currículum y a sus años de servicio en la Guardia Civil.

La magistrada imputó por malversación de fondos a los tres guardias civiles tras haber recibido un informe sobre gestiones de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal en relación a la investigación sobre el supuesto espionaje que denunció el diputado regional del PP y ex consejero de Justicia Alfredo Prada. Caro Vinagre, Oreja Sánchez y Coronado Martínez son tres de los siete empleados eventuales de confianza de la consejería de Presidencia e Interior que el propio Prada pidió que fueran llamados a declarar.  Tras declarar han quedado en libertad sin cargos, agregó el abogado.