En un comunicado, el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que desde 2000 ha observado una "paulatina vulneración del ejercicio de este derecho en Venezuela y una creciente intolerancia a la expresión crítica".
Agregó que en los últimos días la Comisión ha conocido nuevos hechos que profundizan el deterioro de la situación, tales como el cierre de 34 radioemisoras, el ataque al canal Globovisión y un proyecto de ley que impone nuevas restricciones a la libertad de expresión.
Por disposición del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) del 31 de julio de 2009, 34 radioemisoras de FM y AM debieron cesar sus transmisiones.
En las decisiones que revocan los permisos se habría argumentado razones técnicas relativas al incumplimiento de la ley de telecomunicaciones, dijo el organismo.
Por otro lado, la CIDH recibió información de que las autoridades habrían anunciado como una de las razones para proceder a los cierres que se trata de emisoras que "juegan a la desestabilización de Venezuela".
"La CIDH expresa su preocupación por la existencia de elementos que sugieren que la línea editorial de estos medios habría sido una de las motivaciones para el cierre de estas radioemisoras", señaló.
La CIDH reconoció que el Gobierno tiene la facultad de regular las ondas radioeléctricas, pero señaló que esa facultad debe aplicarse "con un estricto apego al debido proceso y respetando los estándares interamericanos que garantizan el derecho a la libertad de expresión de todas las personas".
En particular, manifestó, las limitaciones impuestas a la libertad de expresión "no deben fomentar la intolerancia, ni pueden ser discriminatorias, producir efectos discriminatorios o estar fundadas en la línea editorial de los medios de comunicación".
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