La política que el gobierno nacional está aplicando en el tema Aerolíneas Argentinas es exactamente lo que no se debe hacer. La Ley 26.466 declaró de utilidad pública a la aerolínea y facultó al Poder Ejecutivo Nacional a expropiar la empresa. El decreto 2347/2008 designó al Ministro de Planificación como encargado de llevar a cabo la expropiación. Sin embargo, después de siete meses, la empresa sigue en manos de Marsans y los argentinos seguimos haciendo lo que este mismo gobierno decía que debía terminar: darle plata a una empresa quebrada en manos privadas.
Al no hacer lo que el gobierno prometió y la ley ordenó, el Estado ha estado pagando mil doscientos pesos por pasajero en los vuelos de cabotaje, cuando un pasaje cuesta quinientos. Esta alegre distribución del dinero tiene dos efectos inmediatos. Por un lado, entran en un agujero negro donde se pierden por falta de dirección aerocomercial, estrategia y planificación. Por el otro, dejamos de construir escuelas, hospitales y viviendas.
El gobierno nacional está otorgando subsidios a una empresa privada que no cuenta con plan de negocios, sin rumbo, recibe la plata de todos y la aplica según necesidades de política interna. Se anuncian compras de aviones en el mismo momento que las grandes aerolíneas del mundo reducen inversiones y desarrollan sistemas más convenientes de contratación como el leasing.
¿Cuál es la opinión del nuevo Secretario de Transportes de la Nación sobre Aerolíneas? ¿Cambiamos al anterior para aplicar su misma política? ¿Qué tipo de flota se necesita, qué rutas van a continuarse y cuáles, momentáneamente, se dejarán de lado? En realidad, después de la privatización hubo un cambio: el promedio de puntualidad de los vuelos era de 50% y ahora es de 33%, según un estudio privado. Mientras no definimos estas cuestiones esenciales seguimos premiando a la empresa privada con tres mil millones de pesos.
Tanto la ley de expropiación como su decreto reglamentario establecen que la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones estará informada de las acciones que se lleven a cabo y los fondos que se reciban. Esta comisión, de la que soy miembro, no recibe informe alguno desde el 16 de diciembre de 2008. Es decir, que la oposición no puede ejercer el control debido porque no cuenta con datos.
En definitiva los ciudadanos ni tienen una empresa con buen servicio ni las viviendas donde se redirigieran las partidas. El oficialismo, gerencia la empresa, reasigna la plata y dicta el destino de ambas cosas en un juego donde todos los argentinos perdemos.
Este no es un debate ideológico sino sobre la eficiencia. No es problema de izquierdas o derechas sino de incapacidad para manejar dineros públicos
Por Esteban Bullrich. Diputado Nacional PRO
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