"No estamos dispuestos a seguir subsidiando la economía colombiana cuando de ese lado se toman decisiones sumamente inamistosas hacia nuestro pueblo y nuestro país" argumentó el titular de Energía venezolano.
Ramírez explicó que detrás de la decisión está el rechazo a la política del presidente, Álvaro Uribe, de permitir el uso de bases militares colombianas por parte de tropas estadounidenses.
"No se puede alegar que es un problema de soberanía de Colombia porque sus consecuencias trascienden las fronteras y se convierte en un peligro y una amenaza para nuestro país, para Ecuador y para el resto de países suramericanos", dijo el ministro.
Ramírez indicó que, además de no renovar el convenio, se van a adoptar unos mecanismos de control y regulación de ventas de combustible en la región fronteriza que buscan "acabar de una vez por todas" con el problema del contrabando de gasolina de Venezuela a Colombia.
Entre las medidas citadas por el funcionario están el precintado de los camiones cisternas que salgan con destino a la zona fronteriza y su seguimiento a través de localizadores GPS. También se precintarán todos los días al cierre las estaciones de gasolina y se efectuarán mediciones a su apertura para comprobar que no hay modificación en el contenido de los tanques.
Ramírez advirtió que "serán cerradas" las estaciones en las que se detecte alguna irregularidad. Anunció también que todo el sistema de suministro de combustible a vehículos será "automatizado" de manera que cada vehículo va a tener un cupo que será controlado electrónicamente para que "no reciba más combustible del que tiene programado".
El plan de fiscalización de estas operaciones estará encomendado a 120 funcionarios especialmente adiestrados en colaboración con la Guardia Nacional y el Ejército. Ramírez fue enfático al insistir en que esta vez no van "a permitir que se violen las leyes ni las políticas que buscan impedir el contrabando de combustible".
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