El actual Gobierno, que creó una comisión para analizar el endeudamiento del país y que declaró la deuda externa ilegal e ilegítima, sigue la ruta de un agresivo endeudamiento. Según un reciente análisis de la Carta Económica de Cordes, "entre el acuerdo con PetroChina, las operaciones de crédito con el IESS y el FLAR y los préstamos pendientes del BID y de la CAF, el país puede llegar a acumular acreencias por $3 730 millones, más los costos financieros asociado a esas operaciones". Ese análisis no contempla el anuncio que hizo el canciller Fander Falconí en entrevista publicada por HOY de que hay un crédito más de la China de libre disponibilidad por $1 000 millones.
Se cuestionan las condiciones de la venta anticipada de petróleo a la China por la que el Estado ecuatoriano ha recibido $1 000 millones, por los que pagará un interés del 7,25% y que se pagarán con la entrega de 95 mil barriles diarios de crudo durante los próximos dos años. No solo es necesario que se transparenten las condiciones de esa operación, sino la política general de endeudamiento de este Gobierno. ¿Por qué se ha llegado a la necesidad de un endeudamiento de esa índole cuando el Gobierno contó con significativos fondos de ahorro petrolero acumulados antes y ha recibido los mayores ingresos en muchos años por los altos precios del crudo, excepto en los meses que, por la crisis, se produjo la caída del precio del petróleo?
Frente a ese endeudamiento agresivo, es necesario, además, exigir que el Gobierno se sujete a las normas de la Constitución vigente: el numeral 3 del art. 290 establece que "con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago".
Es necesario asegurar que el destino de los créditos que comprometen el futuro inmediato sea el gasto productivo y no un exagerado gasto discrecional en búsqueda de réditos políticos.
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