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En 2008 ya perdió los adelantos de tesorería

Madrid asegura que debe al Estado una parte "ridícula" de los 6.000 millones de Salgado

jueves 27 de agosto de 2009, 17:03h
Madrid apenas le debe dinero al Estado. O eso al menos es lo que asegura el Ejecutivo regional después de que la ministra de Economía, Elena Salgado, haya advertido a las Comunidades Autónomas que entre todas le deben a la Hacienda estatal nada menos que 6.000 millones de euros.
La cifra sale de sumar los adelantos de tesorería que el Estado da a las Comunidades Autónomas. Estos anticipos sobre los impuestos cedidos a las comunidades -IRPF, IVA e impuestos especiales- fueron propuesto por José Luis Rodríguez Zapatero hace tres años y regulados mediante el real decreto ley 12/2005. Según el sistema de financiación, cada autonomía debe recibir de esos impuestos el 98% de la recaudación. Dado que en la práctica sólo se llegaba al 90%, el Gobierno propuso en 2005 que las comunidades recibiesen por adelantado anticipos compensatorios del 4%.

En los tribunales
Este año debido a la crisis, al descenso de la actividad económica y del consumo y a la menor recaudación, el Estado corría el riesgo de adelantar un dinero que después no se iba a recaudar. El ministerio de Economía, entonces con Pedro Solbes al frente, ya se lo advirtió a Madrid en septiembre de 2008.

Entonces, como la recaudación no había alcanzado lo previsto, ya le negó a Madrid 418 millones por ese concepto, hecho que el Gobierno de Esperanza Aguirre recurrió ante la Audiencia Nacional. Ahora, como recalcó este jueves la propia Aguirre, Madrid le deberá al Estado una cantidad "ridícula" de los 6.000 millones que reclama Salgado porque en su día ya perdió la mayoría de los fondos.

Ni la Comunidad de Madrid ni el Ministerio de Hacienda han revelado aún la cantidad que el Ejecutivo tendrá que enviar a las arcas estatales, pero el consejero de Economía, Antonio Beteta, ya ha advertido que la pérdida de los anticipos de tesorería podría obligarles a buscar nuevas fórmulas para garantizar la calidad de los servicios públicos. Oposición y sindicatos temen que esto signifique más privatizaciones.
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