Existen instituciones que supuestamente se auto-otorgaron el privilegio de la santidad, y parapetados en su prepotencia o en el uniforme, no tienen obligación de rendir cuentas y contestar preguntas a nadie. Privilegio que la Constitución ni la ley conceden a ninguna institución o ciudadano porque simplemente a base de amenazas e insultos no pueden acallar a todos los sectores.
Ilegalmente, el Gobierno, sin cumplir ningún requisito de los que señala la Constitución ni la ley, recibió un crédito de Petrochina, que debe ser pagado en petróleo. Es tanto esto un crédito que la petrolera solvente puede negociar o revender el crudo a casi todos los países del mundo, pese a que, supuestamente, el Gobierno trataba de evitar a los revendedores, algo que no es una obligación para ésta ni para su otra aliada política, la petrolera venezolana.
El contrato entregado sin concurso ni licitación, sino como es su costumbre, a dedo, concede premios superiores y en su cláusula 13 estipula que si no se paga con el petróleo se devolverá el dinero recibido con intereses y a un plazo máximo de un año. Jamás en la historia del Ecuador se ha obtenido crédito tan leonino. Hoy no tenemos organismos de fiscalización y control y todos se encuentran en una clara posición de sumisión.
El abuso en contra de la ley y de los contratos, la toma de instalaciones y la confiscación constituye ya una práctica de la llamada política petrolera que debe ser preocupación de todos los ecuatorianos por el volumen de recursos que perdemos en esta cuestionada administración.
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