Los municipios acusan a la Comunidad de cambiar por su cuenta la ley sobre la Cañada

Representantes de los consistorios incluidos en este anteproyecto de ley (Coslada, Madrid y Rivas-Vaciamadrid) manifestaron este lunes en el Comité Económico y Social de la Comunidad de Madrid su desacuerdo con la modificación que ha realizado el Gobierno regional en el texto legal.

En el primer borrador, que se presentó el 7 de julio y que contó con el consenso de Comunidad, ayuntamientos y Delegación del Gobierno, se establecía que se desafectarían los terrenos de la Cañada, que pasarían a ser patrimonio de la Comunidad de Madrid. Luego, la administración regional podía, a través de la Ley de Patrimonio, enajenar, ceder o permutar el terreno una vez que los consistorios cambiasen su clasificación, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas.

Para ello, se daba un plazo de un año a partir del cual la Comunidad podía realizar los negocios jurídicos antes mencionados. Además, en las disposiciones adicionales y transitorias del documento se explicaba, entre otras cosas, que se debían acordar instrumentos de colaboración para resolver cuestiones de índole social derivadas de la ocupación, permitía a las personas físicas con título de propiedad sobre el terreno de la Cañada Real hacer valer sus derechos, y obligaba a los ayuntamientos a realizar un censo de población de cada una de sus zonas seis meses después de la entrada en vigor de la Ley.

Sin acuerdo social previo
El problema ha surgido al trasladarse el texto al consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el día 23 de julio. En este trámite, el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre ha incluido modificaciones sustanciales en el artículo 3. Fuentes de la Comunidad aseguraron a Madridiario que es rotundamente falso que se haya variado el documento antes del verano. Inciden en que los ayuntamientos aprobaron el texto consensuado que se llevó al Consejo de Gobierno el 23 de julio, modificado del de 7 de julio y que no son responsables si los responsables municipales no han notado los cambios. Los ayuntamientos contrastan que estos se han realizado de forma unilateral.

El nuevo documento, al que ha tenido acceso este digital, establece claramente los pasos a efectuar en el proceso de la Cañada Real. El artículo 3.3 reza: "Cualquiera de los negocios jurídicos antes señalados exigirá que previamente las administraciones implicadas hayan alcanzado el acuerdo marco de contenido social (...), y que los ayuntamientos hayan  adaptado la clasificación del suelo en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, lo que deberán llevar a cabo en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley". En el punto 4 explican que "en todo caso, transcurrido el plazo de dos años, la Comunidad de Madrid podrá realizar cualquiera de los negocios jurídicos previstos".

Modificaciones
Los consistorios consideran que la inclusión de este último punto permite al Gobierno regional vender terrenos antes de ser liberados sin acuerdo social previo que solucione los posibles traslados, realojos y las políticas de integración. Sostienen que el acuerdo al que llegaron con la Comunidad establecía que las medidas sociales se tomarían antes del trámite urbanístico, tal y como establecen ambos documentos, incluido el último documento regional en los que los ayuntamientos niegan haber participado. La consejera de Medio Ambiente, Ana Isabel Mariño, responde que "la intención regional es resolver el problema, y, por ello, siempre hemos considerado necesario fijar un plazo para evitar que el problema de la Cañada se eternice en el tiempo”.

Según la versión municipal, la situación es muy grave. Si sus sospechas son ciertas, la idea inicial que consistía en estudiar la situación y medidas de realojo de las 40.000 personas que viven en la Cañada y luego clasificar el terreno para conocer su uso. Con el cambio, según los ayuntamientos, la Comunidad pretende poder vender el suelo a los habitantes con títulos de propiedad y dejar a los ayuntamientos la enorme tarea de ocuparse del resto, una masa de personas con un amplio abanico de problemáticas sociales que requerirían distintas soluciones para su situación.

Los supuestamente beneficiados por la medida regional son una minoría de entre 1.500 y 2.000 personas de los habitantes de la Cañada que son, en muchos casos, propietarios de un suelo de dominio público que enajenó el Ministerio de Agricultura a través del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) en 1978 y que, tal y como trasladaron a la presidenta regional, están dispuestos a comprar las parcelas y rechazan cualquier política de realojo social. Están interesados en esta compra, cuyo valor es muy bajo, para poder tener derecho a los servicios públicos municipales.

Un regalo envenenado
Los consistorios consideran la medida como un regalo envenenado. La Comunidad vende los terrenos a estas personas y cede el suelo a los ayuntamientos, que tiene que reclasificarlos como urbanizables para que esos ciudadanos puedan integrarse y luego tienen que hacer frente al problema social y urbanístico de la población sin recursos que vive en la Cañada. Si se lleva a cabo la medida se puede consolidar la situación de marginalidad e inseguridad porque se reafirma a personas que viven en situación ilegal en un terreno de dominio público y puede dar pie a que otros hagan lo propio en otras vías pecuarias de la región.

Por eso, aseguran que no van a consentir que se especule con ese terreno y apostillan que harán uso de todas sus herramientas administrativas para desanimar a cualquier tipo de potencial comprador, sea quien sea el que adquiera el bien. Entre otras medidas, no modificarán la clasificación del suelo, quedando la Cañada como zona verde especialmente protegida. Así, los compradores no podrán gozar de ninguna ventaja administrativa al vivir sobre suelo de dominio público no autorizado para uso residencial. También se plantean llevar a los tribunales la nueva Ley si la Comunidad continúa por el camino actual.

Competencias
De hecho, los consistorios aseguran que la Comunidad de Madrid contravendría con dicha Ley la legislación medioambiental y de seguridad, como en los casos del Parque Regional del Sureste (donde hay normativas contrapuestas que no permiten al Gobierno regional vender suelo a particulares), el Parque Tecnológico de Valdemingómez o los que se ven atravesados por grandes infraestructuras, como la gran arteria de gas natural. Añaden, por último, que la Administración Autonómica seguirá manteniendo sus competencias en materia de servicios sociales, infraestructuras supramunicipales y disciplina urbanística (infancia, salud pública, integración, promoción del pueblo gitano, realojamiento, vivienda...).