ANPE aplaude la Ley de Autoridad del Profesor

El presidente de la asociación, Fernando Jiménez, calificó como "positiva" esta normativa "disuasoria" que reconoce al docente el rango de autoridad pública, ya que recoge "no solo las aspiraciones de los profesionales de la educación sino la demanda social ante un clima de menosprecio por los derechos que la Constitución tutela, de provocación, de inusitada violencia, enmarcado en la impunidad de los agresores".

Según explicó, este reconocimiento garantiza la efectiva realización del Derecho Fundamental a la educación reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española, que puede verse perturbado en el caso de sufrir una agresión. "La consideración de delito frente a la falta no sólo afecta al agravamiento de la pena sino que refuerza el carácter disuasorio de estas conductas agresivas que deterioran la convivencia en los centros docentes", apuntó Jiménez.

"La novedad es que va a ser un instrumento positivo, que va a proteger y dar más cobertura personal y de defensa al profesor, que se va a ver más arropado. Apostamos por el respeto mutuo y va a incidir en la mejora de la convivencia para que derive a una mejora de la calidad de la enseñanza", agregó.

No obstante, el presidente de ANPE-Madrid indicó que continuarán en las reivindicaciones para que se revise el modelo de la enseñanza. "La Ley no es una panacea, sino que hay que ir a una renovación del modelo educativo", apostilló.

Asimismo, pidió al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que extienda esta Ley al resto de España o que incorpore al Estatuto del Docente, "que lleva tres décadas dando vueltas" y que se suscriba un Pacto de Estado sobre la mejora de la Educación en España que suponga "variar el rumbo" en el país en esta materia. "Me congratula que UGT y CC.OO. aplaudan ahora estas medidas", agregó Jiménez.

Casi 2.400 denuncias
La defensora del Profesor de la asociación, Inmaculada Suárez, se mostró muy "contenta" por el anuncio de la Ley y precisó que no se tratará de que los maestros apliquen el autoritarismo, sino que se le proteja ante las vejaciones, agresiones, amenazas y denuncias falsas proferidas por alumnos o sus padres. "Somos conscientes que de la noche a la mañana no va suponer un cambio inmediato. Pero es un paso para devolver el prestigio al profesorado", dijo.

Suárez afirmó que en el curso de 2007-08 registraron 2.175 denuncias ante la asociación y en la mitad del pasado curso (de septiembre de 2008 a febrero de este año) anotaron ya 2.400. Así, el 10 por ciento de los profesores denunciaron una agresión de alumnos en la primera mitad del curso pasado y el 2 por ciento provenientes de padres y familias. La etapa con mayor conflictividad es la Educación Secundaria.

Consecuencias legales
La agresión a un funcionario con rango de autoridad pública está tipificada por el Código Penal como atentado contra la autoridad en los artículos 550 a 553, que recogen penas de prisión de dos a cuatro años. La Fiscalía puede perseguir de oficio los delitos contra estos funcionarios públicos.

El asesor jurídico de ANPE-Madrid, Enrique Álvarez, explicó que la autoridad pública goza de presunción de veracidad; por tanto, en caso de conflicto con alumnos o familiares, "éstos soportarán la carga de la prueba". Al considerar al profesor como autoridad se vela por su prestigio, dignidad y honor en el ejercicio de sus funciones, para conseguir una educación de calidad, según indicó.

Álvarez manifestó que con la nueva ley que provee de autoridad a los profesores, "como la tienen los inspectores o los pilotos", otorgará la presunción de veracidad a los maestros y éstos tendrán una protección penal específica. Así, la agresión será tipificada como un delito de atentado contra autoridad pública, que lleva aparejada una pena de entre dos y cuatro años para los mayores de edad.

"Hasta ahora, si había daños se consideraba una infracción penal y el agresor quedaba impune o tenía que pagar una multa de 100 ó 200 euros", señaló el abogado. También se recordó que actualmente los profesores víctimas de una agresión tienen que demostrarla y aportar pruebas y testigos, mientras que con la nueva ley su testimonio tendrá presunción de veracidad.