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Aprobada la controvertida ley de medios

Polémica en Argentina: los Kirchner ya controlan a los medios

Polémica en Argentina: los Kirchner ya controlan a los medios

jueves 17 de septiembre de 2009, 08:38h
El Parlamento argentino aprobó el miércoles el polémico proyecto de ley de servicios audiovisuales impulsado por el Gobierno de Cristina Fernández tras un intenso debate que se prolongó durante más de 13 horas y que terminó con la retirada de la oposición para no participar en la votación. Bochorno ante una ley que se teme que sea para garantizar el control a los medios, como en la Venezuela de Chávez.
El proyecto de ley, que ha provocado el rechazo frontal de opositores y grandes medios del sector audiovisual, fue aprobado por 146 votos -del oficialismo y grupos minoritarios afines-, 3 votos negativos y 3 abstenciones. Las principales fuerzas de oposición acordaron abandonar el recinto antes de la votación en protesta por supuestas "irregularidades" en el tratamiento del proyecto.

La iniciativa, una de las más importantes apuestas del Gobierno de Cristina Fernández, pretende sustituir a la legislación vigente desde la última dictadura militar (1976-1983) y debe todavía ser aprobada por el Senado, previsiblemente en octubre.

El texto establece que una empresa no puede tener más de 10 licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha provocado entre las empresas con intereses en el sector.

También crea cupos de producción local e indica que las compañías con licencias pueden tener hasta un 30 por ciento de participación extranjera, salvo que se trate de una empresa de un país que haya firmado un tratado de "reciprocidad efectiva" con Argentina, lo que habilita una participación mayoritaria de capital de origen foráneo.

Los opositores Unión Cívica Radial y Propuesta Republicana (PRO, centroderecha), y peronistas disidentes rechazan que las firmas privadas tengan un plazo de un año para desprenderse de licencias de radio o televisión en caso de que deban adecuarse a los límites fijados por la nueva normativa.

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