Asimismo, según indicaron fuentes judiciales a Europa Press, la Audiencia Provincial madrileña ha desestimado el recurso de Boliden y confirmado "en todos sus pronunciamientos" la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid que absolvió a las empresas constructoras, imponiendo además a la compañía sueca el pago de las costas. Del mismo modo, considera probado que Boliden fue la causante de la rotura al realizar modificaciones al proyecto originario.
La firma minera reclamaba a éstas que hicieran frente a los gastos que en su momento ocasionó la limpieza, 115 millones de euros por los daños y otros 135 millones para hacer frente a la indemnización que la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) habían solicitado a la multinacional sueca.
La Audiencia Provincial advierte de que lo único acreditado es la "propia fractura de la presa" y entiende que los valores de resistencia de proyecto eran "correctos". Además, añade que la firma sueca no realizó ninguna reclamación en 20 años y considera probado que la gestión realizada por Boliden fue la causa de la rotura del dique, entre los que menciona la modificación del proyecto original de la presa con la construcción a pie de dique una batería de pozos de drenaje que "comprometían su estabilidad".
Al no considerar probada la existencia de responsabilidad contractual en la actuación profesional de los demandados, la sentencia no ha entrado a valorar los aspectos relacionados con la cobertura de seguro.
Por otra parte, cabe recordar que la empresa adeuda aún los 89 millones reclamados por la Junta de Andalucía y los 44 millones que reclamaba el Gobierno central. Sin embargo, aunque la justicia sueca admitió a trámite a finales de noviembre de 2008 la petición de la Junta de que se ejecutase un embargo cautelar a la empresa de 141 millones de euros por los costes de la catástrofe medioambiental de Aznalcóllar, por el momento y según indica la citada publicación, Boliden "ha conseguido eludir el embargo de bienes".