Quienes más acusan de politización al Tribunal Constitucional son los más politizados. Los partidos políticos o personajes de partido , principalmente los radicales. Intentan deslegitimarlo ante la opinión pública, desprestigiarlo para restarle autoridad para cuando se pronuncie, en un sentido u otro, sobre el Estatut de Cataluña, intentando justificar así cualquier reacción de desacato o irracional.
Es una gran incongruencia. ¿Cómo pueden acusar de politización al Constitucional precisamente los entes (partidos) cuya naturaleza y función es la misma política? En el fondo, de lo que le acusan es de no hacer su política, su política partidista. De no pronunciarse como a ellos les gustaría.
Cierto que el Tribunal Constitucional es un organismo político, pero de alta política y para la alta política. No para la pequeña política partidaria. No es un estricto tribunal jurídico. Es el máximo intérprete de la Constitución y de la constitucionalidad de las normas y actos con trascendencia jurídico-política. Esta es su naturaleza y función. Va más allá de lo estrictamente jurídico, que es la aplicación de las leyes. Interpreta y aplica la gran ley, la Carta Magna
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votada por el pueblo.
Su composición es plural y la han decidido los políticos, representados en el Congreso, en el Senado y en el Gobierno. Esta pluralidad, la solvencia de los magistrados que lo componen, su compromiso de juzgar con honestidad y sabiduría, y la necesidad de decidir por mayoría son una garantía mucho mayor que si sus decisiones dependieran de meros políticos o de partidos políticos.
Con todos sus defectos –excesiva dependencia política de sus miembros, en razón de su nombramiento (cosa decidida por los políticos)- y de sus carencias –no todos están a la altura de su misión, dada la forma de ser escogidos (decidida también por los políticos)- , y de sus enfrentamientos (normales cuando las materias son difíciles y susceptibles de varias interpretaciones), el Tribunal Constitucional es aun la instancia jurídico-políca más autorizada, solvente, equilibrada y neutral para emitir veredictos en la alta política.
Y todas las críticas que se le puedan hacer, merecidas en muchos casos, no invalidan sus decisiones. Y las acusaciones de politización procedentes precisamente de los más politizados partidistamente, suenan más a intereses concretos, por legítimos que sean, que a juicios serenos y objetivos.
*Wifredo Espina es comentarista político y ex director del Centre d’Investigació de la Comunicació.