El PSOE "respeta las decisiones judiciales", señaló Carmona, pero "lamentó que el enfrentamiento entre Aguirre y Gallardón llegue al Juzgado, escenario insólito en las instituciones".
El PSOE, además, se pone a disposición "de ayudar a solventar un problema que ha generado la terquedad y el disenso en el seno del PP", añadió.
El auto de la juez Inmaculada Vacas, establece "la suspensión del acuerdo adoptado por la comisión de control en funciones de Comisión electoral de Caja Madrid en cuanto omite del porcentaje de designación de consejeros generales que corresponden al Ayuntamiento de Madrid en el proceso electoral, los designados por la entidad fundadora Patronato Real el 19 de noviembre de 2008".
Por su parte, el sindicato UGT expresó también su respeto a la decisión de los tribunales, aunque deseó que "la decisión final se produzca lo antes posible para terminar con la incertidumbre que existe sobre las elecciones", informaron fuentes del sindicato.
En este sentido, señalaron que UGT considera que es "absolutamente necesario acabar con este lío permanente" en el que se encuentra la que es cuarta entidad financiera de España, pues es "clave para el desarrollo de Madrid y el resto de la comunidad financiera".
Fracaso de Aguirre
El portavoz de Comisiones Obreras, Jaime Cedrún, consideró que la decisión demuestra el fracaso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para lograr el consenso en la entidad.
"Es otro gran fracaso de Aguirre y (del consejero) Beteta, que siguen sin tener voluntad de cerrar un acuerdo entre todas las partes, donde todas las fuerzas políticas y socialistas se puedan sentir cómodas", señaló Cedrún .
"Entiendo la postura del Juzgado y entiendo que el Ayuntamiento defiende lo que considera sus intereses legítimos en cuanto a la representación de la entidad, pero la caja, que al final es el órgano que ha aplicado sus estatutos, ha adaptado el proceso electoral a la nueva ley", agregó.
"Lamentable"
La Comunidad de Madrid anunció que, como "interesada directa y legítima" en el proceso de Caja Madrid, se ha personado en la causa abierta para defender la Ley de cajas aplicada, que subrayó de "plenamente constitucional".
"La Comunidad de Madrid defenderá la aplicación del imperio de la Ley, plenamente constitucional, y velará por que continúe el correspondiente proceso electoral de renovación de los miembros de Caja Madrid cuyo mandato expira en 2009", señaló en un comunicado la Consejería de Economía.
En este sentido, señaló que "resulta lamentable que el Ayuntamiento de la capital involucre a la Casa Real para obtener el bloqueo del proceso electoral de Caja Madrid, a partir de afirmaciones imposibles", sentencia la Consejería.
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