Zona de paz II

La decisión de crear la Zona de Paz Andina, en el marco del XV Consejo Presidencial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), fue sin duda loable, aspirábamos que no se mantenga con la misma indefinición y en la misma falta de practicidad que han tenido las ya declaradas zonas de paz.

Una Zona de Paz Andina no solo sería una zona de paz de estabilidad política y de desarrollo económico-social, sino que debería contribuir vigorosamente a la paz y seguridad regional ya que nuestros problemas son variados y extremadamente críticos: conflicto interno colombiano y su repercusión en los países limítrofes; desarrollo global insuficiente, lento y dependiente; extremada pobreza; inestabilidad política y social; narcotráfico y guerrilla; tráfico de armas y terrorismo, amenaza ecológica y deterioro del medio ambiente, etc.

De esta manera, como se ha señalado, cuestiones como la extremada pobreza, la carencia de seguridad urbana, la agresión al medio ambiente especialmente a través de las fumigaciones, el narcotráfico y la narcoguerrilla, el terrorismo, la fragilidad de los sistemas democráticos, el crimen organizado y muchas otras ligadas a la economía y a los aspectos sociales,  pasan a constituirse como elementos perturbadores de la paz.

Por lo tanto, la Zona de Paz Andina, debió pasar, de ser una creación política, jurídica, cultural, económica-social y militar de nuestros países, a convertirse en el respaldo seguro, eficaz y suficiente para proteger los legítimos intereses de la región, sin la intervención de elementos extraños; en la práctica, no ha pasado nada.

Los Jefes de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), dentro del marco de la reunión en Bariloche; proclamaron a Sudamérica como Zona de Paz; ojala esta importante y generosa idea se concrete en instrumentos internacionales obligatorios, capaces de generar derechos y deberes jurídicamente exigibles; caso contrario no pasará de ser un manojo de buenas intenciones como las anteriores.