Demasiadas denuncias de corrupción que afectan al Gobierno han saltado a los espacios públicos como para que se dilate la acción de la Justicia en esclarecerlas y, en caso de comprobarse, establecer responsabilidades y sanciones.
Por desgracia, desde que estalla un escándalo hasta que se completa el procesamiento judicial suele mediar un dilatado tiempo, en el que nuevas denuncias llevan a olvidar las anteriores. La impunidad es la mayor debilidad de la lucha contra la
corrupción.
La cuestionada utilización de las declaratorias de emergencia por parte del Gobierno para movilizar recursos impone una cuidadosa rendición de cuentas, que no se ha presentado aún sobre el manejo de los dineros públicos en ellas.
Una de las emergencias fue la vial. Por el monto de los contratos en el plan de emergencia denominado operación Relámpago para la red de carreteras -alrededor de $1 500
millones-, urge una minuciosa fiscalización de lo realizado en las administraciones de cinco ministros de Transporte y Obras Públicas que han desempeñado esas funciones en 30 meses de Gobierno.
La misma Secretaría de Gestión y Transparencia ha ofrecido fiscalizar la ejecución de 150 contratos de reconstrucción vial. Se deberán explicar los retrasos de las obras contratadas y el incremento de costos para el Estado. La Fiscalía recibió ayer las declaraciones del ex ministro Jorge Marún. Pero hay otros nombres mencionados e irregularidades detectadas inclusive por el actual ministro, David Ortiz.
El hermano del presidente Correa ha denunciado las prácticas de coimas y sobornos en ese Ministerio. Y están también sobre el tapete los propios contratos suscritos por empresas de Fabricio Correa con el Estado, contratos que fueron suspendidos de forma unilateral por decisión del Gobierno.
No deben quedar en el olvido o la impunidad en medio procesos judiciales interminables las denuncias de corrupción. Urge una acción ágil de la Fiscalía.
Si (
No(
