Una vez más, los presupuestos generales del Estado han quedado en manos de partidos regionales —esta vez el PNV y Coalición Canaria—más centrados, con plena legitimidad, en los intereses de sus comunidades que en los de España.
Esta apelación constante a los partidos minoritarios y excluyentes la hacen tanto el PSOE como el PP cuando la aritmética parlamentaria les obliga a descafeinar sus proyectos o a afianzarlos a precio de oro. Incluso, con tal de gobernar en esta o en aquella comunidad, se ponen en manos de partidos de limitada representación territorial, como la Unió Mallorquina de la ahora imputada
Antònia Munar, que acaban beneficiándose siempre al pactar con el mejor postor.
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El antes llamado interés nacional —ahora, en el postmodernismo, habría que hablar de solidaridad— ni siquiera encuentra ya acomodo en los partidos denominados, con curiosa paráfrasis, de ámbito estatal. En el PSOE, debido a su recurrente carácter federal, que conlleva, por ejemplo, que el PSC reclame periódicamente el grupo propio que tuvo antaño en Las Cortes o
Montilla se ausente repetidamente el Día de la Hispanidad.
Pero el PP tampoco puede presumir, como viene haciendo
Rajoy, de ser “el único partido que dice lo mismo en todos los lugares de España”. ¿Lo hace en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana al hablar del trasvase Tajo-Segura?¿O en el País Vasco, al discutir el blindaje del concierto económico?
Y, hablando de Valencia, ¿dicen lo mismo Camps y Rajoy sobre el cese de
Ricardo Costa y la depuración de responsabilidades por el caso Gürtel?
La llamada casa común se está cuarteando, por consiguiente, y nosotros seguimos sin querer darnos cuenta.
Si (
No(
