Venezuela, a través de su embajada en La Paz, le pagó 280.000 dólares por el material y por capacitación para la policía boliviana al capitán de fragata en retiro peruano Carlos Tomasio, entonces representante para América Latina de la firma estadounidense Non Lethal Solutions (NLS), especializada en equipos antimotines.
"El cargamento consistió en 30 carabinas y ametralladoras TAC-700, 80 pistolas semiautomáticas y un sinnúmero de municiones, compresoras de aire y equipo de entrenamiento", afirma la versión del diario, que se sustenta en correos electrónicos, videos y facturas que le fueron incautados a Tomasio.
La documentación señala que en la transacción participó directamente el entonces embajador venezolano en La Paz, Julio Montes Prado, aunque toda la parte operativa estuvo a cargo de un funcionario de la delegación diplomática, Gabriel Martínez.
La transacción se produjo en momentos en que el gobierno del presidente Evo Morales enfrentaba una ola de protestas promovidas por la oposición.
La información salió a la luz después de que el domingo el congresista peruano Oswaldo Luizar, presidente de una comisión parlamentaria que investiga los casos de espionaje, revelara que dentro del material incautado a Business Track (BTR), una de las firmas dedicadas a esa práctica ilegal en el Perú, se encontraran pagos de la embajada venezolana en La Paz.
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