Blindaje australiano

John Howard, el Primer Ministro australiano, ha dado un paso más en la cadena de propuestas dirigidas a convertir a Australia en una fortaleza inexpugnable para cualquier inmigrante o refugiado que trate de buscar trabajo o asilo en sus costas. El último movimiento del político de centro-derecha, representante del Partido Liberal de Australia, se refiere a la posibilidad de prohibir la entrada en el país a personas infectadas por el virus del VIH, medida que ya se ha tomado para aquellos inmigrantes que sufran de tuberculosis.

El gobierno de Howard es un experto en lidiar con las voces críticas de representantes de foros internacionales, como las Naciones Unidas, o de la sociedad civil, fundamentalmente diversas Organizaciones No Gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Dos asuntos le han valido a Howard las reprimendas de unos y otros. Uno, la cuestión de los refugiados políticos, relacionada directamente con la imposición de barreras a los flujos transnacionales de personas y tratada de modo muy acertado por los australianos Tony Schirato y Jen Webb en “Understanding Globalization”. El otro, el relativo a la participación de la antigua colonia británica en la Guerra de Irak de 2003, relacionado también, aunque de modo indirecto, con la cuestión migratoria a través de la seguridad fronteriza.

Respecto de la primera cuestión, las barreras en la isla han ido fortaleciéndose progresivamente, tanto para inmigrantes económicos como, lo que es más grave, para refugiados políticos, personas que por razones de raza, nacionalidad, religión, tendencia política o pertenencia a un determinado grupo social, se ven obligadas a huir de sus países al verse sometidas a persecuciones políticas. Los refugiados cuentan con un estatuto especial y están protegidos por la Convención Internacional de Naciones Unidas de 1951 y normativa internacional especial en la materia, además de, específicamente, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero en Australia su tratamiento no es en absoluto benigno. Desde 1992, la isla lleva a cabo una política de retenciones e internamientos en centros habilitados al efecto para cualquier persona que entre en Australia sin visado efectivo, pudiendo ser retenidos – término equivalente al de detenidos según reconoce el propio Tribunal Constitucional español en su Sentencia 98/1986 de 10 de julio – durante la asombrosa cifra de hasta 273 días.

El segundo punto de crítica hacia el gobierno de Howard, se centra en su participación en la Guerra de Irak y, como efecto secundario y lógico, en el fortalecimiento de las medidas de seguridad en las fronteras para dejar fuera a aquellos que, tras el desastre iraquí, pueden encontrar más fácilmente una justificación para atentar contra los intereses australianos. Ello afecta, como es evidente, a los inmigrantes, que ahora, además, deben estar sanos y demostrar que no tienen el VIH para poder penetrar en la fortaleza australiana. ¿No existen razones humanitarias que debieran impulsarnos precisamente a una legislación de signo contrario, comprensiva y conciliadora con enfermos de VIH que en muchos casos no tienen acceso a tratamientos adecuados en sus países de origen y que podrían salvar la vida en países occidentales?

Se echa de menos mayor comprensión en Australia, Estado que, curiosamente, se construyó sobre los despojos de otra nación, la británica, pues en sus inicios fue colonia de convictos. Ahora, incorporada al mundo rico, la isla olvida sus orígenes y niega la entrada a aquellos discriminados por ser diferentes o simplemente pobres. Recordar de dónde venimos muchas veces puede ayudarnos a saber dónde queremos llegar.