El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Conea) presentó a la Asamblea Nacional un informe sobre la situación de las universidades y escuelas politécnicas del país. Tras analizar las 75 universidades, 145 extensiones y 285 institutos superiores, el Conea recomienda la depuración del sistema por la eliminación de 26 universidades. Estas fueron ubicadas en la última categoría en una catalogación hecha por el Conea porque esos 26 centros de estudios no contarían con una comunidad docente estable y preparada desde el punto de vista académico, tendrían bajos niveles de exigencia para la permanencia de los estudiantes y serios cuestionamientos sobre las condiciones de otorgamientos de títulos profesionales, entre otras limitaciones.
No conviene mezclar esta recomendación del Conea con la aprobación de una nueva Ley de Educación Superior, a partir del proyecto preparado por la Senplades, en el cual se ha objetado la fuerte tendencia hacia el control y la injerencia del Gobierno, con lo que se lesiona la autonomía universitaria; además el proyecto mete en el mismo saco a los centros de educación superior de carácter público y particular, sin considerar las características propias de unos y otros.
Para nadie es desconocida la abusiva proliferación de universidades, sin contar con las condiciones para funcionar con esa categoría y por criterios antes de negocio que de servicio a la comunidad. No obstante, la depuración deberá realizarse cuando se cuente con una nueva Ley promulgada tras diálogo y consenso con los actores involucrados en ella. Y deberá realizarse en un proceso ordenado que evite que paguen los platos rotos los estudiantes y las familias que confiaron en esos centros de estudios que funcionan porque consiguieron la autorización de las autoridades que, si no cumplían los requisitos para tener categoría de universidades, no debieron darla.
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