Alakrana y SITEL, municiones inútiles

Solucionado el secuestro del atunero Alakrana sin que la sangre llegara al río, aunque con una tensión sostenida en los ámbitos políticos y sociales, y con más intensidad aún en los familiares de quienes estaban retenidos en el barco, se han desatado las ligaduras de la contención impuestas por las circunstancias a los principales partidos políticos. Ahora, todos se han desmelenado, y pese a que el torpe acuerdo de detener a dos piratas y ponerlos bajo jurisdicción española, en lugar de enviarlos a Kenia como en otros casos, no parece haber tenido consecuencias graves como se temió en algún momento, queda la huella de una decisión cabalmente errónea, aunque la ministra de Defensa no lo admita ni tampoco la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega que de un par de años a esta parte parece estar siempre en posesión de la verdad, lo que no quiere decir que no valoremos su capacidad política, que la tiene.

    A partir de este error, el de traer a los dos piratas a España, que aparte de una acentuada inquietud alargó considerablemente  el secuestro y aumentó el precio del rescate, todas las demás actuaciones se han desarrollado con una total normalidad: la solicitud del fiscal para el enjuiciamiento de los delincuentes, la resolución del juez ordinario, la intervención de Moratinos y el correcto operativo de la Armada y de los agentes de CNI por más que se quiera magnificar como errónea una información que enseguida fue rectificada o aclarada.

    Por estas razones resulta extravagante y disparatada la reacción del partido popular y la dureza de su líder, no porque vaya a solicitar la reprobación de tres ministros, algo que se reclama con frecuencia, sino porque los argumentos son tan fútiles  que parecen mentira en boca de una persona que tiene la formación jurídica de un Registrador de la Propiedad. Francamente, Mariano Rajoy parece ir de lado en el afianzamiento de su liderazgo y, careciendo de sólidas razones, ataca en todas las direcciones a sus fantasmas.

    Parecida entidad tiene la otra munición empleada estos días por el partido popular: tan poca, que más que munición parece cohetes de feria. Es el asunto de las escuchas SITEL que se esgrime como un atentado a la intimidad personal y un peligro para la democracia, lo que revela que los dirigentes populares además de exhibir su hipocresía, puesto que fueron los adquirentes del sistema y quienes lo utilizaron profusamente incluso para identificar los teléfonos móviles el 11-M, ignoran la jurisprudencia del Tribunal Supremo que hoy mismo ha declarado constitucional el sistema por tercera vez, como antes ignoraron y despreciaron al Ministerio Fiscal, a la judicatura, a las Fuerzas de Seguridad, a los servicios de Inteligencia y a la inteligencia misma.

Todo el mundo sabe o debería saber que detrás de estos movimientos agresivos hay una táctica renovada para disimular los problemas internos y ocultar las miserias de las tramas de corrupción, de las descubiertas y las por descubrir. No han percibido que, al margen de ser antiestéticos y antiéticos, los delitos urbanísticos y las prevaricaciones y cohechos  no son pecado, ni para una sociedad sin valores éticos, ni tampoco con la firmeza exigible para una jerarquía eclesiástica que sigue centrada en el sexto mandamiento y sus entornos. La prueba, el nulo efecto de los escándalos sobre la intención de voto.

    El Gobierno de Rodríguez Zapatero ofrece un extenso campo de errores para que la oposición los muestre, los batalle y ofrezca sus alternativas a la sociedad. Pero del otro lado, de la oposición delos populares, solo ven anécdotas y fabulaciones que quieren convertir en categorías y destruirlas a gorrazos. Y así, no puede ser.