El presidente de facto Roberto Micheletti denunció que las armas decomisadas el pasado martes por la policía serían usadas para atentar contra él durante las elecciones del domingo. "Hoy me informó la policía que iba a haber un atentado contra mí en la ciudad de Progreso cuando yo fuera a ejercer el sufragio", dijo durante una rueda de prensa.
Micheletti dejará temporalmente el cargo entre el 25 de noviembre y el 2 de enero, cuando el Congreso se reúna para decidir la restitución o no del depuesto presidente Manuel Zelaya. Dijo que hará esto para permitir que los hondureños ``se enfoquen en las elecciones''.
Tiene previsto viajar al departamento de Progreso, unos 200 kilómetros al norte de la capital, de donde es originario.
La policía arrestó a dos nicaragüenses y dos hondureños por ocultar las armas en una casa de la costa atlántica de Honduras. Sin embargo, el vocero policial no indicó que se tratara de un posible intento de magnicidio.
``Sospechamos que esta gente ha participado en recientes atentados con explosivos en el país'', aseguró a la AP el portavoz policial Orlin Cerrato. ``No hay ninguna duda que las intenciones de estas personas eran generar el caos y el temor entre los hondureños para dañar el proceso electoral''.
En rueda de prensa, el vicepresidente y canciller panameño Juan Carlos Varela dijo el martes en Tegucigalpa que ``los comicios en Honduras cumplen dos propósitos: la salida a la crisis política y el retorno al orden democrático''.
Reiteró que Panamá reconocerá los resultados de la consulta popular hondureña. Pero los simpatizantes de Zelaya denunciaron que ``los cuerpos represivos han aumentado la vigilancia y persecución de nuestros militantes hasta el punto de declarar un estado de emergencia que podría ser el preámbulo de una ofensiva militar contra el pueblo desarmado''.
Instaron al pueblo a desconocer la ``farsa electoral'', porque ``el único camino para volver al orden institucional es la restitución incondicional del presidente Zelaya e instalar la Constituyente'', algo que prohibe la Constitución hondureña.
Al menos 20 atentados con explosivos a centros comerciales, oficinas públicas y de partidos políticos, y la caída de torres de energía eléctrica se han registrado en dos meses en el territorio nacional. Hasta ahora hay seis sospechosos detenidos en torno a los casos.
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