Abandono de comunidades indígenas en Bogotá

Tristemente, luego de superar la violencia de sus pueblos de origen, los nativos deben soportar la mezquindad de los ciudadanos y la indiferencia del Gobierno, pues en numerosas ocasiones no reciben ningún tipo de ayuda económica y cuando la obtienen, ésta se atrasa o no llega completa, lo cual genera condiciones de pobreza y miseria en los niños, jóvenes, mujeres, líderes y ancianos que no tiene otra opción que luchar para sobrevivir.

Tal es el caso de Ruperto Tequia Murrí, líder de la comunidad Embera Katío en Bogotá, quien trabaja en una venta ambulante para poder sostener a un grupo de 14 nativos que conviven en un solo cuarto. Tequia reconoce que si bien ha recibido ayuda del Gobierno, ésta no llega puntualmente y con las cantidades completas.

“Estar en esta ciudad es muy duro porque vine obligado. Todo es plata aquí, mientras que en el campo todo era muy sabroso y se podía sacar la plata. Algo que ha sido muy humillante es ver que a mi mujer le toque pedir limosna, pero ¿qué podemos hacer? No nos dan trabajo en absolutamente nada”, asegura.

Y es que a la hora de conseguir empleo, los indígenas se enfrentan a otro tipo de factores que les impide adaptarse: por un lado está el idioma, pues la gran mayoría hablan en lenguas nativas y no tienen dominio del
español, por el otro se encuentra la falta de documentos como la cédula de ciudadanía o la libreta militar.


¿Cuál es la versión del Gobierno?

Pese a la dramática situación que denuncian las comunidades indígenas, el panorama ofrecido desde la oficina de Acción Social (dependencia de la Presidencia de la Republica) es totalmente diferente y menos escalofriante.

Juan Alberto Cortés, asesor de la unidad de desarrollo de política pública, quien trabaja específicamente en el tema étnico desde hace varios años, asegura que la cifra de nativos en la capital apenas alcanza los 200
miembros.

Además, Cortés asegura que la comunidad Embera en Bogotá “es demasiado móvil. Salen y entran a la ciudad con tanta frecuencia que eso le ha impedido tanto al Distrito como a Acción Social hacer censos”, que permitan una cobertura efectiva de recursos.

Así mismo, según Cortés, el arribo de nativos a Bogotá no está sujeto en todos los casos a una condición de desplazamiento: “La ciudad es un universo interesante para ellos y les genera escenarios que no conocían en sus resguardos”, asegura el funcionario quien agrega que en ocasiones aquellos que efectivamente han sido víctimas de la violencia, ya pueden regresar a sus lugares de origen gracias a la recuperación de los territorios por parte del Estado.

“Tal es el caso, por ejemplo de los habitantes del resguardo Cabú, en Pueblo Rico (Risaralda), quienes ya cuentan con las condiciones necesarias para retornar a la población”, puntualiza Cortés.

Sin embargo, el funcionario va más allá al asegurar que, como consecuencia de los trabajos de campo de Acción Social en los resguardos, se ha podido establecer que a dos familias, cuyas identidades mantuvo en reserva, su
comunidad no los quiere de regreso por razones que sólo ellos conocen.

Cortés agregó que incluso se tiene conocimiento de un documento en el que los mismos líderes indígenas piden judicializar a aquellos aborígenes que estén practicando la mendicidad.