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Mientras se discuten las enmiendas a los Presupuestos de 2010

Delegados sindicales del Gobierno se concentran en el Parlamento para reclamar las ayudas sociales

Delegados sindicales del Gobierno se concentran en el Parlamento para reclamar las ayudas sociales

jueves 17 de diciembre de 2009, 10:38h
Una treintena de representantes de los sindicatos Cemsatse, STEC-STAC, STAJ, SASC, ANPE, SIEP, USO y delegados independientes de la junta de personal y el comité de empresa del Gobierno regional se han concentrado en la mañana de este jueves a las puertas del Parlamento cántabro como medida de protesta por la supresión de las ayudas de acción social de los empleados públicos para el próximo año y para reclamar su inclusión en los Presupuestos Generales de Cantabria para 2010.
Estos sindicatos, que volverán a concentrarse de nuevo el viernes, cuando quedarán ya aprobadas las cuentas del próximo año, recalcan que las ayudas de acción social "no son una prebenda ni un privilegio", sino que son "deducidas" del sueldo de los trabajadores públicos y se reparten "de forma inversamente proporcional" a ese sueldo, de forma que los más beneficiados por estas ayudas son los empleados que menos cobran.

   Los representantes sindicales, que aseguran representar al 50 por ciento de los trabajadores de la administración regional, señalan además que las ayudas sociales se han mantenido siempre, incluso en "crisis pasadas" y precisamente en la coyuntura actual de crisis creen que son más necesarias para la plantilla y deben ser consideradas "mínimas e irrenunciables".

   En este sentido, resaltan que buena parte de los empleados públicos afectados por esta decisión "no llegan a mileuristas" y también padecen la crisis y el paro en otros miembros de sus familias.

   A su juicio, un Gobierno "que se considera social" no puede "ajustar sus presupuestos comenzando por retirar la ayuda social". "Si hay que ajustar los presupuestos, hay otro tipo de partidas por las que comenzar a reducir, como las destinadas a altos cargos, asesorías, invitaciones innecesarias, márketing y publicidad del Gobierno", señalan.

   Según explicó Inmaculada Peña, del sindicato SIEP, ya han hablado con los parlamentarios para pedirles que en esta fase final de tramitación del presupuesto tengan "sensibilidad" y se incluyan de nuevo las ayudas sociales.

   Sin embargo, no tienen esperanza alguna porque, en palabras de Peña, el Gobierno "no negocia", sino que "impone" y utiliza el "rodillo". "Parece mentira que sean parlamentarios elegidos democráticamente", apostilló.

   Esa misma imposición y falta de negociación ha caracterizado a su juicio el convenio para el personal laboral que acaba de firmar la administración con algunos de los sindicatos y que, en su opinión, es "un mal convenio".

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