Lo más explícito que ha dicho Uribe sobre su reelección es que "está en manos de la Justicia, el pueblo y Dios", mientras los colombianos están desorientados a cinco meses de las elecciones de mayo y la Corte Constitucional ha pospuesto para 2010 su fallo sobre la viabilidad del plebiscito que permitiría al presidente concurrir de nuevo a las urnas.
Este tribunal debe determinar si la Ley de Referéndum, que busca modificar de nuevo la Carta Magna, tras el cambio de 2005 por el que Uribe optó a una primera reelección, es constitucional.
La polémica está servida, mientras Uribe mantiene índices de popularidad superiores al 60 por ciento que apenas se han visto mermados por los graves escándalos que salpicaron a organismos estatales clave.
El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio de inteligencia) fue uno de los protagonistas del año al conocerse, a través de la prensa, que practicó escuchas y seguimiento a magistrados, políticos opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.
Presionado por los magistrados del Supremo que fueron víctimas del delito y que investigan vínculos de allegados de Uribe con los paramilitares, el presidente se declaró partidario de eliminar al DAS.
Hasta ahora se ha abierto investigación a una treintena de funcionarios, entre ellos los cuatro ex directores del DAS que han ejercido el cargo desde 2002, cuando Uribe llegó al poder.
Pero el escándalo más grave está relacionado con las ejecuciones extrajudiciales supuestamente practicadas por el Ejército, conocido como el caso de los "falsos positivos" y en el que la Fiscalía contabiliza más de 1.800 víctimas.
Fue también la prensa la que sacó a la luz esos asesinatos de jóvenes de estratos bajos que fueron reclutados bajo promesas de empleo y después asesinados para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
Estos hechos responden a una política de incentivos en el seno de las Fuerzas Militares por la que los mandos que presentan bajas de guerrilleros se benefician de permisos o ascensos.
"El problema de los falsos positivos resultó de una práctica sistemática en el seno del Ejército", señaló en junio el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, tras una visita a Colombia, declaraciones que supusieron un duro golpe al Gobierno.
Los vientos tampoco soplaron a favor de Uribe en el exterior, ya que si bien dio pasos para restaurar las relaciones diplomáticas con Ecuador, rotas desde 2008 a causa de un bombardeo del Ejército colombiano a un campamento de las FARC en esa nación, la situación se tornó grave con el otro vecino: Venezuela.
Cuando en agosto se hizo público el acuerdo militar que Bogotá negociaba con Washington, por el que los estadounidenses podrán usar bases colombianas para luchar contra la guerrilla y el narcotráfico, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, congeló las relaciones políticas y comerciales con Colombia.
Ese fue el inicio de una grave crisis, alimentada por los gritos de guerra lanzados por Chávez y que en la frontera colombiana ha provocado la pérdida de 170.000 empleos, según el Gobierno, mientras a octubre las exportaciones a Venezuela habían caído un 22 por ciento.
Para Uribe, Venezuela mantiene un "embargo ilegal" contra Colombia, dado que ese país ha sido históricamente el principal comprador de productos colombianos, pero Chávez insiste en que él puede comprar a quien le venga en gana.
La tensión llevó a la destrucción de tres puentes que comunican a los dos países por parte de los venezolanos, a la muerte de una docena de colombianos en el país vecino y a una gran pérdida comercial para Colombia.
Además, Bogotá insiste en que Venezuela cobija en su territorio a guerrilleros.
El presidente Chávez considera, por contra, que ese acuerdo militar es "un plan de guerra contra Sudamérica", opinión que no es compartida por todos los países del continente en esos términos, pero que en general no ha gustado a la región.
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