El Gobierno cerrará webs de descargas, pero con una resolución previa de la Audiencia Nacional

El Gobierno ha aprobado remitir el primer paso de este procedimiento judicializado para mantener el "espíritu de armonizar derechos", según ha manifestado la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

    De la Vega ha descrito la medida como una norma "sin vacíos legales y sin indefensiones", un modelo "ágil y eficaz" que comienza a tramitarse para dar las máximas garantías a los derechos fundamentales de los internautas que acceden a la información y de los autores.

    En opinión de la ministra de Cultura González-Sinde, ésta es "una propuesta equilibrada" desarrollada en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que el Consejo de Ministros ha remitido este viernes a los órganos consultivos. La medida pretende armonizar, dijo la ministra, los derechos de todos, "de los ciudadanos como usuarios de la Red y de quienes viven de la cultura". Según González-Sinde, esta medida lucha "contra quienes se enriquecen ilegalmente y se aprovechan de otros". "La Administración y los jueces, que deberán decidir rápidamente, tienen cada uno su papel en este proceso", apostilló.

Responsabilidad judicial

Este sistema, tal y como ha explicado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, mantiene la Comisión de Propiedad Intelectual que será el organismo encargado de recibir las quejas de los ciudadanos y de verificar que se producen actos lesivos para algún derecho fundamental. En primer lugar, los responsables de la entidad se pondrán en contacto con dicha web si considera que está vulnerando los derechos de autor para que cese en su actividad. Después de este primer toque de atención, si el titular de la página mantuviese su presunta labor de descargas ilegales, la denuncia de la Comisión sería remitida a la sección de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. De este modo, el juez emitiría una resolución sobre si debe cerrarse o no dicha web de manera previa al bloqueo de la misma.

    Este sistema fue criticado por algunas asociaciones de defensa de los derechos de autor porque consideraban que ralentizaba demasiado el proceso y no evitaba el surgimiento de nuevas webs delictivas. Sin embargo, los largos tiempos judiciales se han acortado en este caso gracias al procedimiento establecido por el ministro de Justicia que exige que el juez convoque a las partes y resuelva el conflicto de derechos mediante auto en el plazo máximo de cuatro días. Caamaño ha destacado que de esta forma se da a la ciudadanía "agilidad, eficacia y máximas garantías" a los derechos fundamentales que pueden verse afectados puesto que desde que se denuncia a una web puede resolverse sobre su legalidad en menos de un mes y con total respaldo jurídico. "Es el juez quien va a ponderar el conflicto que se pueda producir", confirmaba el ministro intentando zanjar así la polémica disputa entre usuarios y autores. Sin embargo, no ha calado bien entre los grupos de internautas ya que si bien la medida exige la resolución judicial previa al cierre de una web será sólo un auto y no una sentencia firme la que determine su futuro. Algunos agoreros han llegado a apuntar que no ha cambiado nada y que estamos ante el "principio del fin de Internet".

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