El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Jerges Mercado, explicó que los ejecutivos de la empresa italiana pidieron aplazar las conversaciones desde el miércoles de la semana pasada hasta el lunes, y luego hasta ayer, hecho que concluyó en la entrega de una carta en la que exponían su decisión de no seguir negociando en Bolivia.
"Han hecho llegar una nota en la que dicen que no hay garantías en Bolivia para continuar con las negociaciones, y piden que vayamos a otro país que no sea Bolivia, para negociar", manifestó Mercado.
En la misiva, los representantes de Eurotelecom justifican su decisión por la presión que habría ejercido la prensa para dar a conocer públicamente las negociaciones. El Secretario de Estado añadió además que evidenciaron otras irregularidades que ya habían sido comentadas, como las supuestas irregularidades en onerosos premios económicos para los ejecutivos.
Si bien la comisión negociadora del Gobierno dará la última palabra sobre la continuidad de las negociaciones, el ministro Mercado aseguró que personalmente no llevaría a otro país las tratativas ya que se debe mantenerlas en conocimiento del pueblo boliviano.
"Mi punto de vista es que no deberíamos ir a Italia a negociar, debemos negociar en Bolivia. No propusieron ningún país, mi propuesta es que no podemos negociar a espaldas de la gente, a espaldas del país, y tiene que ser la negociación en Bolivia", afirmó.
Finalmente el titular de Obras Públicas aclaró que el Gobierno respetará el plazo puesto en el Decreto Supremo 29087, para concluir las negociaciones, es decir el 30 de abril; y luego se tomarán otras medidas.
También ayer, el Gobierno anunció que el proceso de nacionalización de Entel, la principal telefónica controlada por Telecom Italia, culminará el 1 de mayo con la creación de una nueva empresa estatal de telecomunicaciones, que se llamará Entelbo.
El ministro de Hacienda Luis Arce señaló que con la creación de esta nueva empresa se garantizarán las utilidades que generaban las utilidades para el Fondo de Capitalización Colectiva de donde se desprende el pago anual del Bonosol para las personas mayores de 65 años de edad.
LAS CRÍTICAS
Al transferir sin indemnización al Estado las acciones de alrededor de tres millones de ciudadanos bolivianos en Entel, la mayor empresa de telecomunicaciones del país, el Gobierno dispuso su confiscación, por lo que podría enfrentar demandas de los afectados, advirtieron expertos en el tema.
El experto en el proceso de privatización Francesco Zaratti y los juristas Carlos Alarcón y Benjamín Miguel, indicaron que la medida sería ilegal y podría ser demandada de inconstitucionalidad. En cambio, para el ex presidente Jorge Tuto Quiroga, "no tiene asidero legal" la recuperación de las acciones y no descarta que pueda ser objeto de recursos legales.
El ex Mandatario observó la legalidad del Decreto Supremo que emitió el Gobierno para obligar a las AFP's a transferir las acciones que estaban bajo su administración porque esta medida fue establecida por una Ley y no puede ser revertida por un Decreto Supremo.
En cumplimiento al Decreto Supremo 29101, las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP Futuro de Bolivia y BBVA Previsión) legalizaron la transferencia de los 6.080.050 de acciones de los bolivianos del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) a nombre del Ministerio de Servicios y Obras Públicas, ayer.
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