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Salud en Colombia: un sistema lleno de vicios

Salud en Colombia: un sistema lleno de vicios

viernes 29 de enero de 2010, 02:59h
El ministro de Protección Social, Diego Palacio, y de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, presentaron por primera vez los decretos y normas con los que, en el  marco de la emergencia social, pretenden regular y reestructurar el sistema de salud.

Uno de los cambios que planea hacerse, es permitir que los trabajadores puedan retirar el dinero de sus cesantías para cubrir gastos por concepto de tratamientos médicos que no estén incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS. Actualmente las personas pueden hacer uso de sus cesantías para financiar eventos como la educación o la vivienda.

Otra de las modificaciones que quiere hacerse es la de nivelar o unificar el sistema contributivo y el subsidiado, lo cual evidentemente obliga a actualizar el POS, que, según el decreto "priorizará la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y las atenciones de baja complejidad, la medicina y odontología general y se admitirá el acceso al manejo especializado o de mediana y alta complejidad  cuando se cuente con la evidencia científica y costo efectividad que así lo aconseje".

Así mismo, se busca sancionar con multas de hasta 50 salarios mínimos mensuales, a aquellos médicos que formulen medicamentos o soliciten procedimientos para sus pacientes por fuera de los estándares del nuevo POS.

Sin embargo, tras la presentación de las posibles reformas, la confusión y la polémica se extendió rápidamente por el Congreso, pues por un lado el nuevo POS aún no está listo (según el Gobierno éste se presentará antes de finalizar el primer semestre de 2010), por lo que los legisladores no tuvieron claridad acerca de qué servicios de salud quedarán finalmente por fuera de él.

De otro lado, los congresistas observaron con preocupación como el Gobierno admitió su desconocimiento acerca del costo y del impacto fiscal que implica la unificación de los dos sistemas de salud. "No hay un cálculo preciso, por eso queremos hacer la definición de los planes pilotos", afirmó el ministro Zuluaga.

Pero además de lo anterior, fueron muchos los parlamentarios que se pronunciaron en contra de las normas y decretos, de los que además afirmaron que no conocen sus alcances.

Un ejemplo de lo anterior es la senadora del Partido Liberal, Cecilia López, quien indicó que "el Gobierno debería explicar cuántos son los pobres, porque si hay 29 millones de personas que están recibiendo salud subsidiada, incluyendo los 4 millones de pobres no afiliados a ningún sistema, entonces la pobreza es del orden del 60 por ciento y no del 49 por ciento que dice Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, o de lo contrario hay al menos 9 millones de colados, que debería estar pagando en el régimen ordinario".

Roy Barreras, del Partido de la U, consideró que no se puede multar a los médicos por cumplir con su deber. "Los médicos estamos entrenados para salvar vidas", puntualizó el senador, quien también agregó que "no puede ocurrírsele al ministro de Protección Social que si un médico determina la necesidad de un examen de laboratorio, medicamentos o una cirugía, este médico pueda ser multado y castigado con sus propios ingresos".

Otros congresistas como el senador Jorge Ballesteros, consideró que los decretos de emergencia social se quedaron cortos. "Hay que trabajar en temas estructurales para que los colombianos tengan acceso real al sistema de salud con calidad u oportunidad".

El senador Rodrigo Lara criticó al Gobierno porque no ha presentado las motivaciones que lo llevaron a decretar el estado de emergencia social. "No hemos recibido la motivación", aseguró.

Así mismo insistió en que se desconocen "las circunstancias extraordinarias y sobrevinientes que le permitan al Gobierno atribuirse estas facultades extraordinarias de decretar impuestos y decretar medidas tan serias como estas que está tomando", y recordó que aunque el Congreso es el que hace control político sobre los motivos, en este caso no cuenta con las herramientas.

Para Lara es claro que se hace necesario revisar el sobrecosto del trabajo en Colombia que se debe a impuestos como los parafiscales. "Están colgando el pago de impuestos a la población colombiana como el SENA el ICBF y las cajas de compensación, cuando al mismo tiempo el Gobierno le regala 10 billones de pesos al gran capital de este país con el argumento de que regalarle plata a los ricos es una forma de ayudar a la economía de los pobres".

Por su parte, tanto la senadora Dilian Francisco Toro, como los médicos, representados en agremiaciones como la Federación Médica Colombiana, Médicos Generales de Colombia y algunas sociedades científicas, se han mostrado en clara inconformidad con el decreto que establece sanciones económicas a los profesionales de la salud, por cuanto consideran que se pone en peligro su autonomía.

Pero los profesionales no sólo se quejan por el hecho de que tales sanciones coartan su “libertad” de recetarles a sus pacientes lo que necesitan para recuperarse, sino que tampoco entienden que se haya reformado la Ley de Ética Médica, que recoge los preceptos fundamentales de su ejercicio, vía decreto sin establecer las consultas del caso con ellos.

Sergio Isaza, presidente de la Federación, reconoce que el sistema de salud tenía la virtud de la ampliación de cobertura y el acceso a los servicios de salud, así fuera vía tutela. "Ahora la propuesta para salvarlo es cortarle las alas: que los pacientes tengan que pagar de su bolsillo por su enfermedad y que los médicos tengan que pagar de su bolsillo por su libertad de prescripción", puntualizó Isaza.


Críticas a la subcomisión


Además de las anteriores críticas, el senador Rodrigo Lara también descalificó la subcomisión de legisladores designada por el presidente del Senado, Javier Cáceres, para estudiar los decretos dictados al amparo de la emergencia social.

"No entiendo cuál es el criterio con el que el presidente del Senado tomó esta decisión, me parece que es más un criterio de presentarse complaciente con el Gobierno Nacional que no quiere ver un debate serio en el Congreso de la República".

"Me parece que el presidente del Senado lo que hizo fue poner las personas que le indicaron o recibieron instrucción de Casa de Nariño", aseguró Lara y agregó que Cáceres ha metido en la comisión a unas personas con "criterio estrictamente gobiernista y política en esa subcomisión".


Las prestaciones excepcionales

El costo de las prestaciones excepcionales (que es como en adelante se conocerán los servicios que estén por fuera del POS), tendrá que ser pagado, total o parcialmente, por los pacientes, previo análisis de su capacidad de pago, su patrimonio y su capacidad de endeudamiento.

Las nuevas normas abrieron la posibilidad, además, de que los enfermos hagan uso de sus cesantías, ahorros pensionales e incluso préstamos bancarios para costear tratamientos no incluidos en el POS.

Para los afiliados que no tengan cómo pagar se creó el Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud, FONPRES, que se alimentará con los impuestos a la cerveza, los cigarrillos y los licores. Estos recursos financiarán las "prestaciones excepcionales" de estas personas, previo análisis y autorización de un comité técnico. Este Fondo, según la norma, tiene recursos limitados cada año, por lo que sólo costeará solicitudes hasta que la plata le alcance.


¿Qué dijeron los ministros?

En un comunicado emitido por el Ministerio de la Protección Social se anunció que, ante las dudas y preocupaciones sobre los alcances de las normas, se acelerará el proceso de reglamentación de los decretos expedidos bajo la Emergencia Social: "Estoy convencido de que estas preocupaciones no corresponden, en su mayoría, al espíritu ni al alcance de los diferentes decretos".

En el documento Palacio explicó que para llevar a cabo esta tarea lo antes posible, se citó "para mañana mismo" a diferentes actores para poder discutir, explicar y reglamentar los decretos.

Por su parte, el ministro Zuluaga destacó que “este primer examen fue muy positivo, y que le permitirá al Gobierno aclarar el alcance de todas las decisiones tomadas y escuchar a los actores de las comisiones séptimas del Senado y la Cámara", quienes fueron los más inconformes.
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