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DNU

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lunes 01 de marzo de 2010, 21:53h

Ya comenté, desde esta columna que, en materia de política antiinflacionaria macro, la Argentina es un país a la deriva.

El discurso de hoy de la Presidenta de la Nación, inaugurando las sesiones ordinarias del Congreso, no hace más que ratificar dicha afirmación.
La Presidenta no hizo ninguna mención al aumento de la tasa de inflación de estos meses. No hubiera podido, “su INDEC” no la registra. Tampoco hubiera podido anunciar una política para combatir una virtualidad y no una realidad.

La apuesta oficial, por lo tanto, se limita a una eventual baja estacional de algunos productos. A la efectividad de los acuerdos y/o controles de precios de la Secretaría de Comercio. A diversos mecanismos de subsidios y gasto fiscal, para compensar costos o incentivar oferta. Mientras la política monetaria se acomoda a la tasa de inflación prevaleciente. Y la política cambiaria, administra una relación competitiva con el Real brasileño, para proteger a la industria local.
Eso es lo mismo que se viene haciendo desde hace años y  no ha evitado que la Argentina entre en su quinto año de inflación anual en dos dígitos altos, y que pertenezca a un muy reducido grupo de países en esas condiciones.

El diagnóstico del gobierno es que se puede convivir pacíficamente, con este panorama inflacionario, mientras la economía vuelve a crecer fuerte de la mano de la recuperación de la cosecha de soja, de la demanda brasileña de ciertos insumos y productos industriales y de un escenario internacional relativamente calmo en materia financiera. Esto último, amenazado, en las últimas semanas, por los problemas de deuda de Grecia.

Algo así como volver al 2007/2008, en dónde la economía avanzaba a buena marcha, pese a una inflación ya instalada cómodamente, en el 18/20% anual.
Sin embargo, hay algunos elementos diferentes que hacen dudar de la posibilidad de repetir dicho escenario.

El primero, claramente, viene de fuera de la economía propiamente dicha. El deterioro creciente del poder político del matrimonio presidencial, la pérdida de control del Congreso, y las señales de cierta independencia del poder judicial, le ponen un límite a la capacidad de acción discrecional y autoritaria del Ejecutivo. Más allá de las quejas sobre la “judicialización” de la política por parte de la oposición, y de la falta de “independencia  de la justicia, ante el poder económico”, la Presidenta no puede cambiar esta historia. Este no es un dato menor, cuando se pretende manejar la puja distributiva que siempre genera la alta inflación, aún en un entorno de crecimiento de la economía, más con reuniones, discursos y aprietes que con políticas. En especial, ante dirigencias empresarias que, según la Presidenta “¡no saben lo que son!” y dirigentes gremiales cada vez más combativos, en busca de su lugar bajo el sol, después del 2011.

El segundo, y ya metiéndonos en la economía, es el panorama fiscal y de endeudamiento. Si bien con algún abuso de contabilidad creativa, los números de la caja del gobierno y de los pagos de deuda, lucían muy diferentes en el 2007 que ahora. Ni siquiera la expropiación de los fondos de pensión, tanto en el stock, como en los nuevos impuestos, ni el récord de presión tributaria, han podido frenar el creciente deterioro de las cuentas públicas de la mano de un aumento desbocado del gasto nacional, y de provincias cada vez más dependientes de las transferencias federales. El problema es tan grave que el gobierno nacional ya necesita recurrir con más energía a la emisión del Banco Central, poniendo al borde del delito a su Directorio, mientras los gobiernos provinciales echan mano a recursos inauditos (como retener sumas impositivas al sector privado que no corresponden, para ser devueltas en algún momento del futuro, o proponer, ahora, en lugar de su anulación, la “coparticipación” del Fondo del Bicentenario, o de la recaudación de impuestos distorsivos, como el del cheque).

  El nuevo DNU firmado hoy - ¿Por qué un DNU con el Congreso ahora funcionando?- insiste con usar los 6500 millones para pagar deuda, lo que libera fondos del Presupuesto, para otros gastos. Pero, aún si es aprobado, cosa que dudo,  el agujero fiscal –Nación más Provincias- es muy superior a eso y, la nueva conducción del Banco Central,  tendrá cada vez más problemas para financiar al Tesoro y, simultáneamente, mantener la expansión monetaria bajo cierto control, lograr que las tasas de interés sean bajas e incrementar el financiamiento al sector privado para expandir la oferta de bienes.

El tercer elemento diferencial respecto de la situación previa a la recesión del 2009, viene del escenario internacional. El contexto de fiesta financiera que caracterizaba al sistema global antes de la crisis de finales de 2008. Y la idea de “The party is back” (la fiesta está de regreso) que predominó en la segunda mitad del 2009, está ahora siendo, lentamente, reemplazada por un escenario más cauto y menos bullanguero. Con evidentes problemas de ajuste en las economías más débiles de Europa, y con los Estados Unidos haciendo equilibrio para lograr crecer y bajar el desempleo y, a la vez, financiar sus desequilibrios fiscales y rearmar la solidez patrimonial de su sistema financiero, sin tener que subir demasiado sus tasas de interés.
Sumados todos estos elementos, resulta difícil aceptar la tesis oficial de crecimiento fuerte, aún con alta inflación, para el 2010.

Probablemente, tengamos que conformarnos con un escenario más modesto de crecimiento y mucho más conflictivo en materia de precios y salarios y “rezar” para que la inflación no espiralice, en medio de dicha tensión.

Después de todo, es imposible bañarse dos veces en el mismo río.

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