Estas fueron algunas de las conclusiones expuestas hoy por Enériz en la comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra, durante la presentación de un informe solicitado por la Junta de Portavoces de la Cámara, a petición de Nafarroa Bai. Según el estudio, la institución recogió 265 quejas en materia de bilingüismo de 2001 a 2009.
En su intervención, Enériz indicó que el mayor número de quejas, casi el 90 por ciento, se centraron en actuaciones de las administraciones públicas de la zona mixta y, sobre todo, en la Administración Foral de Navarra. "Esto puede obedecer, entre otras razones, a la parca regulación que la ley foral del vascuence dedica a la zona mixta", valoró Enériz.
En el capítulo de sugerencias, el Defensor del Pueblo insistió en que "la reglamentación debería cubrir específicamente las lagunas que contiene la ley del vascuence respecto al uso de esta lengua en la zona mixta de Navarra". Además, subrayó que esta zona "es de fomento del euskera; si no, no tendría razón de existir; o se elimina o se fomenta".
En materia de medios de comunicación, Enériz aconsejó "garantizar en Navarra la recepción de las emisiones de radio y televisión en euskera de los medios de comunicación públicos provenientes de la Comunidad Autónoma del País Vasco". Para ello, según apuntó, "se pueden establecer convenios con la CAV".
Asimismo, se refirió a la concesión de emisoras de radio en euskera y afirmó que el Gobierno de Navarra "debería considerar la resolución del Parlamento foral en la que se le insta a que facilite la implantación autorizada de una emisora cuyos programas se emitan en euskera, tomando para ello en consideración la labor radiofónica que se haya venido realizando a favor de esta lengua en las últimas décadas".
En cuanto a la legislación del euskera, Enériz expuso que la "laguna jurídica" que, a su juicio, se da en la zona mixta "tuvo una respuesta adecuada con el decreto foral de 1994", que no se llegó a desarrollar. "Fue un decreto de consenso que se asumió bien y que da respuesta a muchas de las cosas a las que hoy están dando los tribunales de justicia", indicó.
En este sentido, afirmó que "muchas de las cosas que se dicen en el informe, al cabo del tiempo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra o el Tribunal Supremo las acaba ratificando". "Esto nos da la tristeza de que esa recomendación se podía haber asumido antes", concluyó.
Por último, sugirió al Gobierno de Navarra que "elabore y apruebe un reglamento general de ejecución de la ley foral del vascuence que sustituya al Decreto Foral de 2003 que regula el uso del euskera en las Administración", con el fin de "dar estabilidad al desarrollo y aplicación de la ley foral".
LA POSICIÓN DE LOS GRUPOS
En el turno de intervenciones, el portavoz parlamentario de UPN, Javier Marcotegui, destacó el "alto porcentaje de aceptación de las quejas por parte de la Administración" y defendió que "las sugerencias del Defensor del Pueblo no entran en el ámbito del contenido de la propia ley". "A mi parecer, no denuncian un incumplimiento de la ley", añadió.
Por su parte, en representación de NaBai, Paula Kasares mostró su "satisfacción" con el informe del Defensor del Pueblo y afirmó que el Gobierno foral "debería hacer autocrítica". Además, resaltó que la ley del vascuence "no es una ley trabajada" y en ella "se han considerado los mínimos como máximos". "La interpretación que se ha hecho de la ley ha sido restrictiva", indicó.
En cambio, el portavoz parlamentario del PSN, Javier Monzón, valoró que "el euskera en Navarra tiene buena salud" y destacó que las quejas "abrumadoramente han sido aceptadas". Además, sostuvo que "se está cumpliendo la ley, que responde a lo que está estipulado, y que sería bueno que los poderes públicos tuvieran en cuenta las recomendaciones".
Por otro lado, por parte de CDN, Juan Cruz Alli insistió en que "la misión de las administraciones es la de ser garantistas de los derechos de los ciudadanos" y criticó que, según las quejas del informe, "hay personas que todavía no han asimilado los principios constitucionales". Además, recordó que "16 años después, el Defensor del Pueblo está diciendo algo que ya se había escrito en un reglamento de la ley".
Finalmente, el portavoz parlamentario de IUN, Ion Erro, valoró que la aceptación de la mayoría de las quejas es "una contradicción y una situación grave". Además, criticó que "el hecho de que la ley del vascuence haya tardado 25 años en ser modificada demuestra que hay prejuicios partidistas".
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