El texto enviado a nuestra redacción dice lo siguiente:
Las relaciones equívocas, ambiguas y dudosas que se han fraguado entre el presidente Chávez o miembros de su gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC -EP), a lo largo de estos últimos once años, así como con otras organizaciones extra regionales catalogadas de terroristas por la Comunidad Internacional, al igual que alianzas geoestratégicas con países considerados “forajidos”, han convertido a nuestro país, a nivel internacional, en un país sospechoso, ya sea de cooperar con el narcotráfico como de alentar, propiciar o incluso apoyar movimientos terroristas internacionales.
Igualmente, la injerencia en los asuntos internos de otros países, particularmente latinoamericanos, nos han colocado en una precaria postura de credibilidad pues el discurso se contrapone a la acción, lo que ha provocado reacciones que han llevado, incluso, a la expulsión o declaración de personas non grata de nuestros Embajadores así como a investigaciones sobre la finalidad real de la cooperación del gobierno venezolano, como lo es caso de las Casas del Alba en el Perú.
Ahora, el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional Española ha revelado indicios en su Auto de Procesamiento " que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y Eta, y en especial de Arturo Cubillas Fontan, que tiene o ha tenido un cargo público en ese país." Esta ilícita colaboración entre las dos organizaciones terroristas desembocaría en atentados a una serie de personalidades colombianas, incluyendo al Ex Presidente Andrés Pastrana y al actual mandatario de ese país, Alvaro Uribe.
Consecuentemente, el Juez español ha actuado ante su gobierno para que practique las correspondientes gestiones ante el Gobierno de la república Bolivariana de Venezuela.
Por lo tanto, el Presidente Hugo Chávez debe explicaciones al Gobierno Español como al Gobierno Colombiano pero sobre todo y ante todo, debe explicaciones al pueblo venezolano que tiene que conocer, de una vez por todas, si con sus actuaciones el gobierno nacional apoya, coopera y respalda a dos reconocidas organizaciones terroristas, como son la FARC y ETA.
Es fundamental rescatar la credibilidad y buena imagen de nuestro país pues el Presidente Hugo Chávez, con sus actuaciones internacionales contrarias al buen entendimiento entre las naciones, nos hace ver, internacionalmente, como un país sospechoso y poco serio en sus actuaciones.
Por otra parte, es necesario señalar que consideramos fundamental que entre Colombia y Venezuela existan unas relaciones respetuosas que contribuyen a la paz, la estabilidad y la seguridad regional, así como a la integración entre nuestros pueblos. Por ello, nos preocupa de manera muy particular el estado de deterioro y las tensiones que han alcanzado estas relaciones, particularmente durante los últimos meses. Se ha perdido la confianza entre las más altas autoridades y se han afectado los mecanismos políticos diplomáticos tan fundamentales para fomentar medidas de confianza mutua entre las partes.
El comercio bilateral, que tanto beneficio ha traído a ambas sociedades en lo que respecta al empleo, ingresos y aprovisionamiento de manufacturas y alimentos, y que ha crecido extraordinariamente durante los últimos años, se ve seriamente afectado como consecuencia de las constantes e innecesarias controversias.
Comprometidos con la paz y unas relaciones estables y productivas con nuestros vecinos, la Mesa de Unidad Democrática propuso públicamente el pasado 19 de noviembre de 2009, con el apoyo de internacionalistas y académicos, el establecimiento de un mecanismo de resolución pacífica de controversias, como es el caso de la facilitación, apoyada por parte de un grupo de países “Amigos de Venezuela y Colombia”. Esa propuesta, en razón de la gravedad de la crisis, decidimos hacerla del conocimiento de los representantes diplomáticos y de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno nacional, con el deseo de generar una positiva matriz de opinión internacional para la búsqueda de una eficaz solución a tan delicado problema.
Es por ello que apoyamos la reciente decisión adoptada por el Grupo de Río en la Cumbre de la Unidad de Cancún de crear unl “Grupo de países amigos de Colombia y Venezuela”, bajo la presidencia de Leonel Fernández, Presidente de la República Dominicana.
Para que la gestión del Grupo de Amigos, pensamos que deben crear las condiciones para que Colombia y Venezuela convengan en:
1.- Suscribir un Acuerdo que regule las relaciones entre ambos países, el cual contendría, como mínimo, los siguientes compromisos:
a) Que sobre los distintos temas envueltos en las relaciones entre ambas naciones sólo declararen públicamente los Presidentes y los Ministros de Relaciones Exteriores.
b) Que se reactiven los mecanismos de cooperación política a nivel de Cancilleres y Viceministros de Relaciones Exteriores para mantener un diálogo bilateral continuo y proactivo.
c) Que se reactive la Comisión Binacional de Fronteras, COMBIFRON, a nivel de las Fuerzas Armadas de ambos países, con la finalidad de coordinar acciones de inteligencia combinada y cooperar en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen binacional organizado; así como el Memorándum de Entendimiento para la Verificación de Incidentes Fronterizos, para hacer más eficientes los sistemas de coordinación, cooperación y vigilancia entre las respectivas autoridades civiles y militares.
d) Que se convoque a una Mesa de Cooperación Económica y Comercial, con participación de representantes del sector privado de uno y otro país, en particular las Cámaras binacionales, para que determinen y convengan la forma y manera cómo se desarrollará el intercambio bilateral y otras acciones económicas, teniendo como base los acuerdos de la Comunidad Andina que están vigentes hasta el 26 de abril de 2011.
e) Que se adopte un acuerdo bilateral para regular el intercambio comercial cuando fenezcan las obligaciones derivadas de la Comunidad Andina.
2.- Que se negocie y se adopte un Pacto Bilateral de No Agresión con mecanismos internacionales convenidos de verificación.