El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sometió a examen la situación de los derechos civiles y políticos en el país, con un particular interés en la posible comisión de abusos en la lucha contra la delincuencia.
Los 18 expertos que conforman este foro de la ONU se interesaron por la situación en las cárceles, el uso de la prisión preventiva, así como las torturas policiales y la persecución de las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar (1976-1983).
"La mirada atenta del comité y sus sugerencias para mejorar la situación son bienvenidas", dijo a Efe el secretario de Derechos Humanos de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, que encabeza la delegación del país.
El representante del Gobierno consideró que el interrogatorio del comité forma parte del "libre juego" que caracteriza este tipo de foros.
"Les hemos dicho que se han producido grandes avances, lo que no significa que estemos satisfechos en materia de derechos humanos, porque, como en el caso del caminante, siempre se te aleja la línea del horizonte", agregó Duhalde.
Las organizaciones argentinas de derechos humanos que asistieron a la reunión se mostraron satisfechas con los señalamientos del comité, particularmente en lo que respecta al "uso abusivo" de la prisión preventiva.
El representante de la Comisión Provincial por la Memoria, Alejandro Mosquera, dijo a Efe que el 77% de los detenidos en la provincia de Buenos Aires son enviados a prisión preventiva, donde pasan de media tres años y medio antes de ser juzgados.
"Hay un uso masivo (de la prisión preventiva) porque el gobierno provincial aplica lo que se llaman las políticas de mano dura y de tolerancia cero, lo que lleva a un camino ilegal cada vez más marcado", consideró.
Mosquera expresó el deseo de que el Comité de Derechos Humanos recuerde a las autoridades argentinas que la prisión preventiva debe ser la excepción, y no la regla.
Los defensores de los derechos humanos, que sostuvieron una reunión a puerta cerrada con los expertos de la ONU, también de denunciaron la "práctica sistemática" de la tortura en cárceles y comisarías.
Roberto García, del Comité contra la Tortura, señaló tras el encuentro que "la justicia no persigue estos casos", pese a que su organización encontró entre 2000 y 2008 unas 2.000 denuncias de este delito.
Entre las prácticas denunciadas están la asfixia con una bolsa de plásticos o mediante la inmersión en agua, así como el uso de descargas eléctricas o las palizas, agregó.
Por su parte, la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, Gabriela Kletzel, llamó la atención sobre el uso de los calabozos de las comisarías como centros de detención de largo plazo, pese a que carecen de las condiciones adecuadas para actuar de cárceles.
También lamentó que la lentitud en la tramitación de los casos relacionados con el régimen militar obligue a esperar "veinte años" a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas hace tres décadas.
Los expertos del comité de la ONU, que vela por el respeto de la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, continuarán este jueves con las preguntas a la delegación argentina antes de concluir la sesión y pasar a redactar un informe.
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