La violación de los derechos sociales, el nuevo azote en América Latina

Los países de América Latina tienen que avanzar más en perseguir las actuales violaciones a los derechos humanos, "que no están relacionadas con el derecho a la vida, sino con los derechos económicos, sociales y culturales".

Ésta es la opinión de Amerigo Incalcaterra, el máximo responsable regional de la ONU en materia de derechos humanos, para quien América Latina posee un alto potencial de conflictividad social a causa de la discriminación y la desigualdad.

"Durante décadas ésta fue una región de dictaduras y golpes de estado. Evidentemente se ha avanzado mucho en castigar esas violaciones del pasado, pero se tiene que avanzar más en perseguir las del presente", subrayó Incalcaterra en una entrevista con Efe.

Desde hace medio año, Amerigo Incalcaterra es el jefe de la oficina regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Chile.

Su trabajo es supervisar la situación de los derechos humanos, con especial atención a cuatro líneas estratégicas: estado de derecho e impunidad, la ineficacia en la lucha contra el crimen organizado, la discriminación hacia las minorías y la pobreza.

El alto funcionario, de nacionalidad italiana, sostiene que "donde hay grandes niveles de desigualdad", como en América Latina, "existe un elevado potencial de conflicto social", por lo que "hay que estar atentos".

Pero no solo la pobreza y la desigualdad constituyen amenazas para la vigencia de los derechos humanos en América Latina, también lo son el terrorismo y la delincuencia organizada.

"El estado debe combatir al crimen organizado con toda la fuerza pero respetando el derecho de las personas", puntualizó Incalcaterra, quien no oculta su preocupación por la capacidad de las organizaciones delictivas de corromper a las instituciones.

México, Brasil y Centroamérica son lugares en los que este fenómeno se propaga peligrosamente, advirtió el alto funcionario, quien puso como ejemplo para atajar el problema la acción coordinada que están llevando a cabo en Guatemala el Gobierno y la ONU.

Tras subrayar la necesidad de investigar los atropellos, Amérigo Incalcaterra mostró su preocupación por "el gran nivel de descoordinación entre los propios estados, frente al pragmatismo de los delincuentes".

"Los criminales no tienen fronteras y se coordinan perfectamente", a diferencia de los gobiernos, que se imponen límites y no comparten la información, como sucede en Centroamérica o en la llamada "triple frontera" entre Argentina, Brasil y Paraguay.

El jefe de la oficina regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también denunció el retroceso que ha supuesto la crisis económica en los derechos de la población de Latinoamérica.

"Las bolsas se han recuperado mucho, pero las personas han perdido sus empleos y siguen sufriendo; eso es preocupante, hay un retroceso", señala.

"En una región que es altamente desigual, la crisis económica repercute mucho más. Tardaremos una generación en recuperar el nivel que había antes de la crisis", concluyó.

Para Incalcaterra, el reto de todos los gobiernos, independientemente del tinte político, es "mejorar el nivel de vida de la gente", por lo que su obligación es procurar educación, salud y vivienda.

"Las políticas públicas tienen que tener una visión integral del ser humano", según su opinión.

Hay países que han implementado medidas efectivas en la lucha contra la pobreza, como Brasil, que es uno de los pocos que en 2015 cumplirá los Objetivos del Milenio, destacó el alto funcionario.