En concreto, han declarado ante el titular del Juzgado de Instrucción número Dos de la localidad cuatro funcionarios (tres administrativos y un ordenanza), que el juez había citado como testigos en relación con el caso del desarrollo urbanístico de La Loma y Santullán, por el que ha imputado a tres constructores por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
Varios de los declarantes han coincidido en que el Ayuntamiento no estaba organizado administrativamente y que estaba "saturado", así como que no había un documento para seguir el procedimiento. Además, han apuntado como responsable de disciplina urbanística a la funcionaria Yolanda Sánchez.
Algunos de los testigos, entre los que se encontraba la ex mujer del que fuera concejal de Obras, Salvador Hierro, señalaron que hasta hace un año no se hacían expedientes urbanísticos y dijeron que las responsabilidades del personal de urbanismo "no están fijadas por escrito".
Uno de ellos dijo no recordar si se debatió sobre el tema de la Loma en la comisión de urbanismo, ni tampoco que se acordara la paralización de alguna obra por ilegalidad en esta zona o en cualquier otro lugar de Castro.
Otro de los declarantes señaló que no existe ningún encargado de custodiar los expedientes y, al ser preguntado porque las denuncias de La Loma no está dentro de este expediente, que "nadie hace seguimiento" de que se incluyan en el mismo. Además, no descartó que se hayan podido extraer documentos de los expedientes, al no estar foliados.
Por su parte, otro de los funcionarios aseguró que es "imposible" que los expedientes hayan podido ser modificados o alterados, ya que el informe de los técnicos no puede modificarse en el sistema informático.
Tras las declaraciones de los funcionarios, el próximo miércoles declararán los tres constructores que han levantado urbanizaciones en la zona de la loma y la pedanía de Santullán.
Se trata del administrador de Bifamiliares y Adosados Castreños, construtora de los chalés de la urbanización El Cantábrico, en la zona de La Loma, por un presunto delito de estafa, y los constructores de Sacyr Vallehermoso y Norsur por un delito contra la ordenación del territorio. Estas dos últimas empresas han promovido obras en la zona de La Loma, y en Santullán, respectivamente.
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