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Cascos, Garzón y las conspiraciones

Cascos, Garzón y las conspiraciones

sábado 10 de abril de 2010, 19:00h
   El ex vicepresidente del gobierno de José María Aznar y ex secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, ha afirmado sin despeinarse que el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba dispone de una "camarilla" en la policía para fabricar pruebas falsas y organizar las acusaciones de la trama Gürtel. Volvemos a la metodología de las teorías de la conspiración en la que las instituciones del Estado serían susceptibles de ser utilizadas de forma tan burda y el gobierno no tendría escrúpulos en hacerlo.

  Una vez más, un miembro cualificado del PP se permite el lujo de hacer unas acusaciones gravísimas de prevaricación y de fraude a las instituciones sin tomarse la molestia de aportar ninguna prueba, indicio o dato que permita sustentas sus diatribas.

   El Estado de Derecho es la más importante conquista de la democracia moderna porque garantiza el cumplimiento de la ley, hace previsibles sus mandatos, separa los poderes y garantiza la independencia de la Justicia.

   Lo que está pasando en España es de una gravedad absoluta. De una parte, quienes defienden a Garzón antes de que haya sido juzgado consideran que la extrema derecha se ha apoderado del Tribunal Supremo y según esas consideraciones, la alta magistratura habría organizado una operación política para destruir al juez de la Audiencia Nacional. En paralelo, y siguiendo la misma metodología, el PP se prepara para desacreditar a las instituciones del estado en el caso Gürtel. El esperpento llega al extremo de que se preparan querellas internacionales contra el franquismo, obviando que los responsables de aquellas atrocidades hace tiempo que han fallecido, y que, en consecuencia, sus responsabilidades penales están prescritas por no poder ser sujetos de juicio penal.

   En este mar de confusiones entre la política, el derecho y la Justicia, la única víctima seria son las instituciones del estado que están quedando en tal situación que cualquiera las puede poner en cuestión sin pagar precio político por ello. Si no se recupera la cordura y los partidos políticos cierran filas con las instituciones, el deterioro puede ser irreversible.
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